Éxito Noticias, 15 de enero 2025.- El Comité de Seguridad Alimentaria, en una reunión este miércoles, trata las propuestas, sugerencias y reclamos en torno a la disposición séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que prevé dar una respuesta “a la brevedad”, de acuerdo a lo comprometido con las organizaciones que tienen observaciones a la norma, informó el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.
“Atendiendo los diferentes requerimientos que han llegado de organizaciones sociales, del sector productivo, del sector de comercio, tanto mayorista y minorista, el Comité de Seguridad Alimentaria se ha reunido, todavía estamos en trabajo a objeto de tratar estas propuestas, estas sugerencias, estos reclamos, en algunos casos pedidos de derogación, abrogación de la disposición séptima, con la finalidad de dar una respuesta a la brevedad posible de acuerdo a lo que nos hemos comprometido con todas las organizaciones sociales que se han movilizado”, explicó en conferencia de prensa.
Indicó que el comité trabaja en una respuesta que permita dar certezas y seguridad jurídica a la población, pero principalmente al sector productivo que está “muy preocupado” por la disposición séptima de la Ley Financial.
“Esperemos que, en el transcurso de la jornada, podamos terminar con esta propuesta que posteriormente vamos a hacer conocer a todos los sectores involucrados, o a todos los sectores que están interesados en la disposición séptima de la Ley Financial”, precisó.
Señaló que los sectores movilizados dieron plazos para tener una respuesta en función a los planteamientos y demandas que manifestaron los sectores sobre esa disposición.
“Es una preocupación del Gobierno atender a la brevedad posible estos requerimientos, estas demandas, a fin de evitar que este tema se politice, a fin de evitar que sea motivo de un movimiento político que vaya a afectar, o vaya a obstaculizar la producción en nuestro país”, dijo.
Apuntes
La disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Sectores como los gremialistas objetaron la disposición, que está incluida en la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado – Gestión 2025, que entró en vigor el 1 de enero por fuerza de ley debido a que la Asamblea Legislativa no la trató dentro de los 60 días de plazo que le otorga la Constitución.
