Éxito Noticias, 14 de agosto 2026.- La presidenta de la comisión especial que investigó el caso de la denominada “gasolina basura”, diputada Ximena Arispe, advirtió que el informe aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados podría derivar en procesos contra varias autoridades y, eventualmente, alcanzar al presidente Rodrigo Paz. En entrevista con radio Éxito, señaló que el documento será remitido al Ministerio Público y otras instancias para que se establezcan responsabilidades por las presuntas irregularidades detectadas en la compra y control de combustibles.
Arispe explicó que la comisión estuvo integrada por 11 legisladores de diferentes fuerzas políticas y que el informe final tiene 60 fojas, además de anexos que superan las 2.000 hojas de documentación, entre contratos y adendas suscritas durante los procesos investigados. “Se ha aprobado el informe por unanimidad”, afirmó, y remarcó que el Ministerio Público deberá analizar la documentación y convocar a las personas mencionadas para determinar si existieron delitos o responsabilidades administrativas.
La diputada aclaró que la comisión, por su naturaleza fiscalizadora, no puede establecer el grado de culpabilidad de los involucrados, pero expresó su preocupación porque, según la investigación, algunas personas que participaron en los controles continúan ejerciendo funciones. Mencionó entre los nombres observados a Yuseff Akly, Armin Dorgathen, Margot Ayala, Germán Jiménez, Joel Callaú, Vidal García, Atahuichi Quispe y Hugo Pozos, entre otros. “Nosotros como ente fiscalizador no podemos determinar el grado de culpabilidad, pero sí preocupación porque hasta el día de hoy no se está actuando”, sostuvo.
Uno de los principales cuestionamientos, según Arispe, está relacionado con los controles de calidad del combustible. Señaló que Bolivia cuenta solamente con tres laboratorios para realizar estas verificaciones, una cantidad que, a su criterio, resulta insuficiente frente al número de cisternas que transportan combustible. Además, afirmó que durante la investigación se identificó a personal que habría realizado controles de calidad sin la capacitación necesaria. El informe también contempla posibles afectaciones económicas al Estado y menciona presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Consultada sobre si el documento podría generar un juicio de responsabilidades contra el expresidente Luis Arce e incluso involucrar al actual mandatario Rodrigo Paz, Arispe respondió que existe esa posibilidad. “Claro que sí, este informe tiene que ser utilizado de la mejor forma”, afirmó, al señalar que la documentación cuenta con respaldo legal tras su aprobación por el pleno de Diputados. Añadió que corresponde a la Fiscalía establecer quiénes son responsables y determinar si las actuaciones alcanzan a autoridades de distintas gestiones.
Finalmente, Arispe sostuvo que el presidente Paz también debe responder ante las instancias correspondientes si la investigación encuentra elementos que lo involucren. “El presidente Rodrigo Paz ya lo dijo muchas veces: caiga quien tenga que caer, pero debe haber responsabilidades”, recordó. La diputada informó que la documentación será legalizada hasta el lunes y posteriormente se hará seguimiento a su remisión a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y el Órgano Ejecutivo, para que las instancias competentes determinen las responsabilidades que correspondan.
