Éxito Noticias, 25 de septiembre 2026.- El Gobierno abrió el proceso para reorganizar, disolver o liquidar empresas públicas del nivel central del Estado mediante el Decreto Supremo 5727, aprobado tras un gabinete virtual encabezado por el presidente Rodrigo Paz desde Estados Unidos.
La norma establece que estas decisiones partirán de un diagnóstico técnico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) y aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP).
A partir de esa evaluación, los ministerios responsables de cada sector tendrán un plazo máximo de 15 días hábiles para impulsar los instrumentos legales correspondientes. Dependiendo de la norma que dio origen a cada empresa, el proceso podrá avanzar mediante un nuevo decreto supremo o un anteproyecto de ley.
El decreto aclara que una eventual reorganización no paralizará las operaciones de las empresas públicas. Además, las investigaciones y procesos para establecer responsabilidades continuarán de manera independiente.
En caso de disolución o liquidación, estos procedimientos tampoco quedarán suspendidos por auditorías, investigaciones o procesos administrativos. La norma establece, además, que el cierre de una empresa no libera de responsabilidad a los servidores o exservidores públicos involucrados en su administración.
La medida se conoce después de que el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Andrés Morales, anunciara que el Gobierno prevé iniciar “en el muy corto plazo” el cierre de entre ocho y diez empresas públicas.
El Decreto Supremo 5727 establece así el marco para que el Ejecutivo defina, sobre la base de evaluaciones técnicas, qué empresas continuarán bajo una estructura reorganizada y cuáles avanzarán hacia su disolución o liquidación.
