Éxito Noticias, 19 de septiembre 2026.– El expresidente y líder cocalero Evo Morales cuestionó la decisión del Gobierno de Rodrigo Paz de eliminar la subvención al diésel y vincular su precio con las cotizaciones internacionales. Afirmó que la medida afectará principalmente a los productores y a los sectores con menores ingresos.
“Ampliaron el Estado de Excepción para imponer el diéselazo final justo antes de la siembra de verano”, escribió Morales en su cuenta de X, en referencia al momento elegido por el Gobierno para aplicar el nuevo esquema de precios.
La nueva disposición fija inicialmente el litro de diésel en Bs 17,95 y establece que el valor del carburante seguirá las variaciones del mercado internacional. Morales cuestionó que el Ejecutivo haya tomado la decisión sin abrir un debate previo sobre sus efectos en la economía de las familias y en la producción nacional.
“El levantamiento de la subvención debía debatirse con seriedad”, sostuvo el exmandatario, quien planteó la necesidad de establecer políticas de protección para los sectores más vulnerables y medidas destinadas a preservar la producción.
Morales advirtió que el incremento del diésel tendrá un efecto sobre los costos de producción y transporte, lo que podría trasladarse al precio de los alimentos y otros productos de primera necesidad.
“Diésel caro, insumos inaccesibles y una amenaza climática como ‘El Niño’”, cuestionó, al considerar que la medida trasladará el peso del ajuste económico hacia los productores agrícolas precisamente antes del inicio de la campaña de siembra de verano.
El Gobierno, por su parte, justificó la eliminación de la subvención por el elevado costo que representa para las finanzas públicas. El presidente Paz señaló que el Estado destina alrededor de $us 55 millones por semana para sostener los precios subsidiados de los combustibles, además de advertir que la diferencia con el precio internacional favorece el contrabando y la reventa ilegal.
La eliminación de la subvención marca un cambio en la política de precios de los carburantes y abre un nuevo escenario de presión sobre los costos de producción, transporte y alimentos, mientras el Gobierno busca reducir el gasto público y contener el impacto que el subsidio genera sobre las cuentas estatales.
