Éxito Noticias, 1 de agosto 2026.- El expresidente de Perú, Ollanta Humala, fue liberado este viernes (31.07.2026) de una prisión en Lima, después de que la justicia anuló su condena de 15 años por lavado de activos por recibir dineros de la constructora Odebrecht.
El exmilitar dejó la cárcel en un vehículo alrededor de las 19H40 locales (02:40 CET), resguardado por policías y asediado por un nutrido grupo de simpatizantes.
Estuvo recluido desde abril de 2025, según su condena, por recibir 3 millones de dólares de la constructora brasileña para su campaña de 2011, en la que resultó vencedor.
Humala, que gobernó entre 2011 y 2016, era uno de los cuatro exmandatarios del país sudamericano que cumplían condena en una cárcel exclusiva para ellos, en una base policial al este de Lima.
“Persecución política y judicial”
“Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial (…). Fui secuestrado por el Estado y sicarios del sistema de justicia”, dijo a periodistas al salir del pequeño recinto carcelario.
Con la voz entrecortada, Humala resaltó que por esa “persecución han hecho que tenga que haber asilado a mi esposa y sacado a mis hijos del país”.
La exprimera dama Nadine Heredia fue condenada por el mismo caso y buscó refugio político en Brasil, donde vive desde entonces.
El fallo del Constitucional
El jueves el Tribunal Constitucional publicó un fallo que dejó sin efecto la condena del expresidente, al considerar que el financiamiento que recibió de terceros para sus campañas electorales no constituía delito cuando Humala, hoy de 64 años, fue candidato presidencial.
Humala también había recibido otros 200.000 dólares del gobierno de Venezuela en 2006, cuando perdió frente a Alan García.
El expresidente negó este viernes que haya percibido tales montos.
“Nunca he recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil”, remarcó.
A raíz del fallo a favor de Humala, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, que también fue beneficiada en un caso similar gracias al Tribunal Constitucional, afirmó este viernes que su país vive “en un estado de derecho” y se tiene que acatar la resolución.
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