Éxito Noticias, 20 de junio de 2026.- El presidente constitucional, Rodrigo Paz Pereira, y su gabinete declararon la madrugada de este sábado el estado de excepción, con el fin de frenar el intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo contra un Gobierno democráticamente elegido y para proteger a la población y devolverle su libertad.
Esta decisión está plasmada en el Decreto Supremo 5636, norma que fue promulgada luego de haber agotado todas las instancias de diálogo con varias organizaciones sociales con las cuales se arribó a acuerdos y compromisos, mientras otras aún persisten en seguir bloqueando y recibiendo instrucciones provenientes del Chapare.
“Lo que hoy enfrenta Bolivia es una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un Gobierno constituido, y debemos llamarla por su nombre: un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo, contra un Gobierno democráticamente elegido”, dijo en su mensaje a la nación el Presidente Paz Pereira.
Tal como el Gobierno lo advirtió en muchas ocasiones, el órgano Ejecutivo hace uso de sus prerrogativas constitucionales al declarar estado de excepción ante las negativas de los bloqueadores a dialogar.
“Tenemos que estar claros y no dudaré que desde el Chapare se ha convertido el bloqueo, la confrontación y el daño económico en herramientas de acción política. Es una estructura que no acepta la voluntad popular expresada en las urnas, una estructura que no acepta que Bolivia avance por un camino distinto”, aseveró el Paz Pereira.
Los artículos 137 al 141 de la Constitución Política del Estado, validan esta medida excepcional con el respaldo de la Ley N° 1740 de Regulación de Estados de Excepción, promulgada en junio de 2026, que reglamenta este recurso legal y que se aplica en caso de “amenaza externa, conmoción interna o desastre natural”.
Previamente, en la noche del viernes 19, el Gobierno firmó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) y días pasados con otras organizaciones sociales que tenían demandas legítimas. A su vez, había expectativa de que la Federación Túpac Katari, también comprenda que llegó el momento de pacificar el país y que la población tenga certidumbre sobre su presente y futuro. Sin embargo, ante las reiteradas amenazas del sector y otros sometidos al evismo, de masificar y radicalizar los bloqueos de caminos, el Presidente Paz y sus ministros se reunieron en gabinete, evaluaron los hechos y tomaron la decisión constitucional de defender a la población de una minoría que quiere imponer sus criterios a simple capricho.
“Y quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental: este no es un Estado de Excepción para restringir la vida de la gente, es exactamente lo contrario. Es un Estado de Excepción para devolverle la libertad a la gente, es una obligación de proteger a la población, de defender la democracia, de defender la Constitución, la obligación de garantizar que ningún grupo minoritario pueda someter a toda una nación, la obligación de cooperar entre bolivianos”, justificó el primer mandatario al dejar establecido que, durante más de 50 días de bloqueo, los bolivianos y el Gobierno actuaron con paciencia, prudencia y voluntad de diálogo.
“Buscamos la paz hasta el último momento, porque siempre he creído que la fortaleza de un gobernante no se mide por la rapidez con la que utiliza la fuerza, se mide por su capacidad para evitarla. Pero, también llega un momento en que no actuar deja de ser prudencia y se convierte en irresponsabilidad”, enfatizó el presidente.
El Gobierno instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas ejecutar las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población. “A quienes todavía mantienen bloqueos les digo con claridad: aún están a tiempo de desistir voluntariamente. Si tienen demandas legítimas, las puertas del diálogo seguirán abiertas, como lo estuvieron desde el primer día. Este Estado de Excepción no se decreta para proteger al Presidente o al Gobierno, se decreta para proteger a la democracia, la vida y a Bolivia. Se decreta para proteger el derecho que nos da la constitución a cada boliviano, de “vivir bien”, concluyó el presidente constitucional.
Finalmente, Paz Pereira dijo que liberar a Bolivia de quienes utilizan el conflicto político garantizará que lleguen alimentos a las familias, lo mismo que el combustible a las ciudades, el oxígeno a los hospitales, que los niños vuelvan a clases, los trabajadores vuelvan a sus fuentes de empleo, y que nuestros productores vuelvan a producir y sus productos puedan llegar a mercados.
