Éxito Noticias, 26 de mayo 2026.- El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, aseguró que el presidente Rodrigo Paz tiene la facultad de aplicar un estado de excepción una vez que se concretó la abrogación de la Ley 1341, conocida como Ley de Estados de Excepción. Según el legislador, aunque lo ideal sería aprobar una nueva norma en los próximos días, la ausencia de la ley no impide al Ejecutivo ejecutar esta medida.
“Ya el presidente podría ejecutar un estado de excepción, aunque también dentro de esos artículos le da un plazo para que sea regulado mediante ley. Lo óptimo sería que se apruebe una nueva norma, pero eso no le quita ni lo cohibe de aplicar un estado de excepción”, explicó Rada en contacto con Radio Éxito.
El diputado cuestionó las movilizaciones que exigen la renuncia del mandatario y afirmó que estas acciones buscan transformar una protesta legítima en un intento de golpe de Estado. “Aquí es claro, se está cometiendo delito en asociarse para sembrar terrorismo, para sembrar dolor entre las familias bolivianas. No son ni 30.000 ni 50.000 movilizados y no puede ser que ese grupo minoritario secuestre al Estado”, manifestó.
Rada recordó que el Gobierno convocó en varias ocasiones al diálogo, pero que las organizaciones movilizadas no cumplieron los compromisos asumidos. “Las veces que han ido, se han comprometido, pero luego las bases desconocen. Instalamos diálogo, no cumplen. Los llamamos, no van. Entonces claramente su intención no es noble ni legítima”, señaló.
El legislador insistió en que la verdadera intención de los sectores movilizados es desestabilizar al país y provocar la caída del Gobierno. “Su única intención era dar un golpe de Estado”, afirmó, subrayando que la aplicación de un estado de excepción podría ser una herramienta para garantizar el orden y la seguridad nacional.
Finalmente, Rada reiteró que la aprobación de una nueva ley sería lo más adecuado para regular los alcances de un estado de excepción, pero enfatizó que el presidente ya cuenta con la facultad constitucional para aplicarlo. “La batalla central hoy es demostrar que no hay intenciones legítimas en estas movilizaciones, sino un plan para quebrar la institucionalidad del país”, concluyó.
