Éxito Noticias, 21 de abril 2026.- El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que el Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado para 2026 alcanzará los Bs 390.000 millones. La propuesta será enviada a la Asamblea Legislativa para su aprobación y busca corregir irregularidades detectadas en el presupuesto anterior, heredado del gobierno de Luis Arce, que incluía ingresos inflados y proyectos inviables.
Espinoza explicó que el análisis realizado permitió identificar 15.000 millones de bolivianos en ingresos ficticios, 8.000 millones en gastos subdeclarados y 4.800 millones en proyectos de inversión sin respaldo técnico ni legal. Con estas correcciones, el déficit fiscal proyectado se reduce al 9% del PIB, frente al 15% que se habría registrado sin ajustes.
Entre las modificaciones más relevantes está el fortalecimiento de la inversión social. El nuevo presupuesto asigna más de 1.000 millones de bolivianos adicionales a salud y educación, lo que permitirá la creación de 3.000 ítems en educación, 2.400 en salud y 1.500 en seguridad. Estos recursos buscan mejorar la atención pública y garantizar mayor cobertura en servicios básicos.
Asimismo, se dispuso la reducción de gastos corrientes del gobierno central por un monto de 4.100 millones de bolivianos, recortando viáticos, pasajes y publicidad. Estos fondos serán redirigidos a programas sociales, en un esfuerzo por optimizar el uso de los recursos públicos y priorizar las necesidades de la población.
El ministro también destacó que el nuevo esquema presupuestario otorgará mayor autonomía a los gobiernos subnacionales, permitiendo que alcaldías y gobernaciones realicen transferencias de partidas de manera más ágil. El plazo de aprobación, que actualmente puede tardar hasta 45 días, se reducirá a 15 o incluso 0 días, agilizando la ejecución de proyectos locales.
Finalmente, se anunció que la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP) tendrá 90 días para evaluar la viabilidad de las empresas estatales, con la posibilidad de cerrar aquellas que no cumplan criterios técnicos y financieros. Espinoza aseguró que estas medidas buscan garantizar una gestión más transparente y sostenible de los recursos públicos, consolidando un presupuesto realista y enfocado en las necesidades sociales.
