Éxito Noticias, 7 de junio 2026.- El expresidente Evo Morales afirmó que Bolivia atraviesa un “estado de excepción de facto e ilegal”, tras los hechos ocurridos en San Julián, lo que —según dijo— refleja conflictos internos dentro del gabinete gubernamental. “Es un estado de excepción de facto e ilegal, inconstitucional. Por eso hay un problema serio en el gabinete”, manifestó en declaraciones públicas.
Morales aseguró que circula información sobre posibles ingresos desde Santa Cruz, por lo que pidió a las bases del Trópico de Cochabamba mantenerse alertas. “Tenemos información que quieren entrar por Santa Cruz, pero no me voy a callar”, expresó, advirtiendo que se organizarán acciones de resistencia frente a lo que considera una “provocación y agresión directa”.
El exmandatario cuestionó además la falta de cobertura de estos hechos en medios nacionales y anunció que recurrirá a la prensa internacional para difundir su versión. “Aquí los compañeros de base están enojados… la prensa nos da cobertura, pero el exterior llama a seguir informando a la prensa internacional. No me voy a callar y no vamos a callarnos todos”, señaló.
Morales también denunció que el municipio de Lauca Ñ permaneció más de 12 horas sin energía eléctrica, lo que obligó a transmitir su programa Kawsachun Coca mediante un generador prestado por vecinos. Según relató, el corte comenzó alrededor de las 19:10 del sábado y recordó que días atrás se registraron interrupciones similares en otras zonas del Trópico.
El exmandatario cuestionó los efectos económicos de la medida, asegurando que “ayer también se han cortado todos los bancos, estatales y privados. No hay movimiento económico”, lo que —según él— afecta incluso al propio Estado. Morales calificó la situación como una vulneración de derechos fundamentales y responsabilizó al Gobierno por los cortes.
Finalmente, alertó sobre los riesgos que implica la falta de energía en el almacenamiento de medicamentos y vacunas. “Hay fármacos que requieren refrigeración. Están echados a perder todas las vacunas y los medicamentos por falta de energía”, denunció, calificando la situación como un “delito contra la Constitución y contra los derechos humanos”.
