Éxito Noticias, 5 de marzo 2026.- La Central Obrera Boliviana (COB) emitió un pronunciamiento público en el que condena el despido de 410 profesionales, técnicos y administrativos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La organización calificó la medida como una “masacre blanca” y acusó al Gobierno de vulnerar derechos constitucionales, generando alarma en la clase trabajadora del país.
El documento, firmado por el Comité Ejecutivo Nacional de la COB, sostiene que la decisión “hiere de muerte la seguridad jurídica laboral” y afecta directamente a cientos de familias bolivianas. La entidad recordó que el artículo 49 de la Constitución Política del Estado garantiza la estabilidad laboral, y que ningún trabajador puede ser desvinculado sin causa legal justificada.
La COB cuestionó además el silencio del Ministerio de Trabajo, al que acusó de inacción frente a una vulneración masiva de derechos. “No permitiremos que se consolide una masacre blanca camuflada de reestructuración en el corazón productivo del país”, señala el pronunciamiento, advirtiendo que se exigirán la revisión inmediata de las desvinculaciones y la restitución de los afectados.
Por su parte, el Gobierno y las autoridades de YPFB defendieron la medida como parte de un proceso de reestructuración interna destinado a “depurar” la institución y optimizar recursos. Según la estatal petrolera, los despidos responden a la detección de irregularidades administrativas, nepotismo y cargos innecesarios, en el marco de una auditoría interna.
La tensión se da en medio de la crisis por la calidad del combustible, que ya había puesto a YPFB en el centro de la polémica. La militarización de refinerías y la incorporación de aditivos para mejorar la gasolina fueron medidas recientes que generaron controversia, y ahora se suman los despidos masivos que afectan directamente a la base laboral de la empresa.
El pronunciamiento de la COB advierte que la clase trabajadora se declara en estado de alerta y que serán las instancias orgánicas quienes definan las medidas de presión. Entre las opciones se barajan movilizaciones, paros y bloqueos, lo que podría escalar la conflictividad social en las próximas semanas.
Finalmente, la COB reafirmó que la defensa de la estabilidad laboral es también la defensa de la Constitución. “¡No daremos ni un paso atrás hasta que se garantice el respeto absoluto a la estabilidad del obrero!”, concluye el comunicado, dejando abierta la posibilidad de un enfrentamiento político y sindical de gran magnitud en el país.
