Éxito Noticias, 4 de junio 2026.– La Central Obrera Boliviana (COB) emitió un pronunciamiento público en el que exige la liberación inmediata de Justino Apaza Callisaya, secretario ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, detenido el miércoles por la Policía en un operativo que la organización calificó como un “secuestro”. Según la COB, el dirigente fue interceptado por personas encapuchadas cuando se encontraba cerca de su domicilio y trasladado en un vehículo sin placas.
La captura de Apaza generó momentos de tensión en las puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde familiares, dirigentes vecinales y activistas se concentraron para exigir información sobre su situación legal. Su esposa denunció públicamente que el procedimiento se realizó sin mostrar una orden judicial y que el dirigente fue llevado por la fuerza, lo que incrementó las críticas hacia las autoridades.
En su comunicado, la COB manifestó que Apaza es “únicamente portavoz legítimo de sus bases”, quienes se movilizan por demandas que califican como justas. La organización sindical sostuvo que atacar a la dirigencia vecinal constituye un intento de amedrentar al pueblo y criminalizar la protesta social, por lo que reiteró su exigencia de liberación inmediata y pidió a la Policía esclarecer lo que denominó un “hecho criminal”.
Por su parte, la Policía Boliviana confirmó que la aprehensión respondió al cumplimiento de una orden emitida dentro de las investigaciones por los bloqueos de carreteras registrados en mayo. Las autoridades señalan a Apaza como uno de los principales impulsores de las movilizaciones que afectaron la transitabilidad y el abastecimiento en varias regiones del país.
La detención del dirigente vecinal se produce en un contexto de alta conflictividad social, con sectores movilizados que mantienen medidas de presión contra el Gobierno. Para la COB, la captura de Apaza representa un acto de persecución política, mientras que las autoridades insisten en que se trata de un proceso judicial legítimo enmarcado en la ley.
El caso continúa generando debate entre quienes defienden la protesta como un derecho constitucional y quienes consideran que los bloqueos prolongados constituyen delitos que deben ser sancionados. La situación de Apaza será definida en las próximas horas en una audiencia de medidas cautelares, donde se determinará si permanece detenido preventivamente o accede a medidas sustitutivas.
