Éxito Noticias, 21 de julio 2026.– El Gobierno boliviano informó que 26 ciudadanos del país fueron identificados como parte del grupo de personas reclutadas para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. El canciller Fernando Aramayo explicó que los casos fueron registrados mediante la vía consular con Rusia y que actualmente se realizan gestiones diplomáticas para conocer su situación y brindar apoyo a los connacionales.
De acuerdo con el reporte oficial, 20 bolivianos aún mantienen contratos militares activos con las Fuerzas Armadas rusas, mientras que 19 de ellos permanecen con ubicación pendiente de confirmación. Aramayo detalló que entre los casos registrados existen cuatro ciudadanos heridos que reciben atención en hospitales de campaña, uno de ellos en proceso de desvinculación militar.
El balance presentado por la Cancillería también confirmó que un ciudadano boliviano perdió la vida durante el conflicto, otro logró ser repatriado exitosamente al país y un connacional permanece con vida y en condición estable. La autoridad señaló que Bolivia mantiene contacto con las instancias correspondientes para realizar seguimiento a cada caso y gestionar posibles desvinculaciones.
Aramayo indicó que las acciones del Gobierno comenzaron en noviembre de 2025, cuando la actual administración tomó conocimiento de las denuncias sobre el reclutamiento de ciudadanos bolivianos para incorporarse al conflicto armado. Asimismo, informó que una misión consular se trasladó hasta Donetsk entre el 6 y el 9 de junio de 2026 para verificar la situación de uno de los ciudadanos, gestionar su salida de las fuerzas rusas y acompañar su atención médica.
El canciller informó además que Bolivia estableció una coordinación directa con Rusia tras una reunión con el embajador ruso en el país, Dmitry Verchanko, con el objetivo de intercambiar información y atender con prioridad estos casos. Paralelamente, recordó que las investigaciones sobre la presunta red de reclutadores que ofrecía beneficios económicos para enviar ciudadanos a la guerra están en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si existieron delitos como trata de personas o captación irregular.
