Éxito Noticias, 4 de junio 2026.- El senador José Manuel Ormachea, de la alianza Libre, informó que la Comisión de Constitución del Senado concluyó el tratamiento del proyecto de ley que busca reglamentar los Estados de Excepción en el país. El legislador destacó que la propuesta proviene directamente del Órgano Ejecutivo y que ahora pasará al pleno para su discusión.
“Se ha aclarado algo que debía hacerse desde el primer momento: este proyecto de ley es una solicitud del Ejecutivo al Legislativo. Hay un avance importante, ahora se va a ir al pleno”, señaló Ormachea, quien además anticipó que el debate continuará en la Cámara de Senadores y posteriormente en Diputados.
El parlamentario explicó que cualquier observación podrá ser planteada en el pleno del Senado y también en la Cámara de Diputados, dado que ambas instancias tienen atribuciones para revisar y ajustar la iniciativa. “Lo más probable es que se apruebe en comisión y vayamos a la sesión plenaria para que, a más tardar mañana, se trate en Diputados”, añadió.
El análisis del proyecto se realizó tras un cuarto intermedio de más de cinco horas, tiempo en el que la Comisión de Constitución evaluó la propuesta con la presencia de los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano; de Gobierno, Marco Oviedo; y de la Presidencia, José Luis Lupo. Los ministros expusieron los alcances de la norma y respondieron a las consultas de los legisladores.
El presidente de la Comisión, Daniel Ortiz, explicó que la presencia de las autoridades fue solicitada para aclarar observaciones y sugerencias en torno al proyecto. Tras recibir luz verde en comisión, la iniciativa fue devuelta al pleno para continuar con su tratamiento. La sesión se desarrolló bajo una modalidad híbrida, con participación presencial y virtual de los senadores.
El proyecto de ley busca establecer un marco normativo para la aplicación de Estados de Excepción, dotando al Estado de mecanismos legales para enfrentar situaciones que afecten el orden público, la transitabilidad y la seguridad de la población. El debate se da en un contexto de alta conflictividad social, lo que otorga especial relevancia a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.
