Éxito Noticias, 11 de febrero 2026.- Las recientes declaraciones del canciller Fernando Aramayo, en las que denunció presuntas “artimañas” de funcionarios tras el anuncio de recortes en la Cancillería, generaron reacciones desde organizaciones defensoras de derechos de las mujeres. La directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, expresó preocupación por el contenido y el impacto de esas afirmaciones.
La controversia surgió luego de que Aramayo afirmara públicamente que, tras el anuncio de reducción de personal en la Cancillería, se registró un incremento inusual en la presentación de certificados de inamovilidad laboral. La autoridad señaló que varios funcionarios declararon repentinamente tener dependientes, tutorías de personas con discapacidad o embarazos, situaciones que calificó como “artimañas” y actos de “viveza criolla” utilizados para evitar desvinculaciones en el marco del proceso de reestructuración institucional.
En contacto con radio Éxito, Sánchez señaló que las expresiones del ministro podrían derivar en una narrativa que responsabiliza a las mujeres por la precariedad laboral. Recordó que la normativa vigente protege la estabilidad laboral durante el embarazo. “No olvidemos que el artículo 48 de la Constitución Política del Estado establece que se garantiza la inmovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad”, enfatizó.
La representante consideró que las declaraciones invisibilizan la complejidad de la maternidad y pueden reforzar prejuicios. A su juicio, generalizar situaciones vinculadas a la inamovilidad laboral resulta problemático. “Es muy complejo que una mujer se embarace solamente por el hijo, implicando además que es una irresponsabilidad para toda la vida”, sostuvo.
Asimismo, advirtió que el debate no puede desvincularse de las condiciones reales que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral. Sánchez indicó que la precariedad persiste incluso durante el embarazo y la maternidad, mencionando dificultades vinculadas a derechos como el horario de lactancia.
En relación con el servicio exterior, observó que una parte significativa del personal está conformada por mujeres jóvenes que desarrollan carreras profesionales en contextos complejos. También aludió a los retrasos salariales mencionados por la propia Cancillería. “Imagínate cómo se sostienen estas personas”, señaló.
Sánchez afirmó que, si bien podrían existir casos aislados de irregularidades, no corresponde instalar una percepción generalizada. “Puede ser que en algunos casos eso pase, pero no en la generalidad”, remarcó.
Desde su perspectiva, las afirmaciones de una alta autoridad pueden tener efectos sociales e institucionales. La directora alertó que este tipo de discursos podría legitimar prácticas discriminatorias en el mercado laboral. “Nuevamente se culpabilice a las mujeres (…) eso genera un discurso discriminador prioritariamente hacia nosotras”, manifestó.
En ese marco, subrayó que la inamovilidad laboral no es un beneficio exclusivo para mujeres, sino que también alcanza a progenitores, en concordancia con la legislación vigente.
Sánchez insistió en la necesidad de fortalecer políticas públicas orientadas al empleo digno y la corresponsabilidad en el cuidado. “Es el Estado que no brinda condiciones y políticas para, por ejemplo, que cuide a los niños, a los infantes, a los adultos, a las personas con discapacidad”, afirmó.
De igual forma, consideró que corresponde una aclaración institucional sobre el alcance de las declaraciones. “Lo que corresponde es que cumpla la ley y seguramente sí que la aclare, sus declaraciones”, concluyó.
