Éxito Noticias, 22 de enero 2026.- La Sala Penal Cuarta confirmó este jueves que el proceso contra el expresidente Luis Arce Catacora continuará en la justicia ordinaria, dentro de la investigación por el presunto desfalco millonario al Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (FDI). La defensa del exmandatario había presentado una apelación incidental solicitando que el caso se tramite mediante un juicio de responsabilidades, recurso que fue rechazado por el tribunal.
El fiscal Miguel Cardozo informó a Radio Éxito que la decisión se fundamenta en que los hechos investigados ocurrieron cuando Arce ejercía funciones como ministro de Economía y Finanzas Públicas durante la gestión de Evo Morales. “La Sala Penal ha establecido que los hechos que se investigan deben ser tratados en la justicia ordinaria. La defensa alegó que correspondía aplicar la Ley 2445 sobre juicios de responsabilidades, pero con la Ley 044 se estableció que los ministros ya no gozan de esa atribución”, explicó.
La defensa de Arce sostuvo que, al tratarse de un alto cargo de Estado, debía aplicarse la normativa que prevé juicios de responsabilidades para autoridades nacionales. Sin embargo, el tribunal recordó que desde la promulgación de la Ley 044 (2010) los ministros dejaron de tener ese privilegio, quedando sujetos a la justicia ordinaria como cualquier ciudadano.
El Ministerio Público ratificó que Arce no puede ser procesado bajo un juicio de responsabilidades, ya que los hechos se remontan a 2010, cuando la nueva normativa ya estaba vigente. “Exactamente él era ministro en esa gestión, se tiene la lista de testigos y la ampliación de otras personas implicadas; se van a emitir nuevas citaciones”, añadió Cardozo.
El Fondo de Desarrollo Indígena fue creado para financiar proyectos productivos en comunidades campesinas y originarias. Sin embargo, entre 2010 y 2015 se denunciaron múltiples irregularidades y un desfalco que superaría los 170 millones de bolivianos, involucrando a exautoridades y dirigentes sociales.
Arce es investigado por presunta conducta antieconómica e incumplimiento de deberes durante su participación en el directorio del Fondo Indígena. La ratificación del juicio ordinario implica que enfrentará el proceso sin privilegios ni fueros especiales, como ya ocurrió con otros exministros vinculados al caso.
