Éxito Noticias, 16 de diciembre 2025.– El viceministro de Transparencia, Marcelo Yamil García Delfín, informó que de los 1.100 proyectos impulsados por el Fondo de Desarrollo Indígena, al menos 743 presentan irregularidades. Entre los hallazgos se mencionan obras inconclusas, ausencia de proyectos y la existencia de comunidades fantasmas. Según la autoridad, estas anomalías han generado un daño económico estimado en 4.000 millones de bolivianos, además de transferencias millonarias de recursos públicos hacia cuentas particulares.
García explicó que la Comisión de la Verdad y su cartera investigarán todas las denuncias de corrupción que se reciban, sin importar el tiempo en que hayan ocurrido. “No descartamos la investigación de absolutamente nada: avión presidencial, satélites, barcazas, radares, sistemas Sidacta. Esta primera fase es para acopiar datos”, señaló. En ese marco, anunció también el lanzamiento de un código QR que permitirá a la ciudadanía presentar denuncias de manera más ágil y directa.
El viceministro subrayó que hasta el momento se han identificado 65 instituciones estatales vinculadas a irregularidades. “Los responsables han tomado decisiones que han causado daño al Estado, por lo que todas ellas van a ser convocadas”, aseguró. Consultado sobre si las indagaciones se centrarán en los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, García aclaró que no se busca persecución política, ya que la corrupción “no tiene un parámetro específico de tiempo”.
Como ejemplo, recordó la compra del avión presidencial Dassault Falcon 900EX EASY en 2010, por un valor de 38,7 millones de dólares. Según García, el precio real de la aeronave era de 28 millones, lo que evidencia un sobreprecio. Además, cuestionó que la Contraloría General del Estado no haya fiscalizado la adquisición, realizada mediante decreto supremo y no por licitación internacional. Por ello, adelantó que se convocará a las autoridades de la época para que rindan cuentas.
Finalmente, el viceministro mencionó otros casos emblemáticos como el escándalo de las barcazas chinas, que nunca llegaron a Bolivia pese a un pago de 30 millones de dólares, y el satélite Túpac Katari, señalado por sobreprecio y baja utilidad. García enfatizó que las investigaciones alcanzarán incluso a funcionarios del actual Gobierno, como la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Margot Ayala, quien reconoció haber presenciado hechos de corrupción sin denunciarlos. “Las autoridades que hayan participado en estos actos delictivos deben rendir cuentas”, concluyó.
