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    Ante el incremento de pensiones, padres de familia denuncian millonarias ganancias de colegios privados y exigen mayor transparencia

    Éxito Noticias, 28 de enero 2025.- Raúl Córdoba, representante de los padres de familia de colegios privados en La Paz, denunció en una entrevista con radio Éxito las prácticas abusivas de algunas unidades educativas, específicamente de colegios adventistas, que estarían incrementando de manera excesiva los costos de textos escolares y realizando cobros arbitrarios que afectan a las familias.

    “El día de ayer, tuvimos una reunión con padres de familia de unidades educativas adventistas donde los cobros que están realizando están siendo sumamente exagerados”, afirmó Córdoba. Además, señaló que “estos malos colegios están exigiendo, de manera arbitraria, un incremento en el pago de los textos escolares”.

    Como ejemplo, explicó que “los libros de matemáticas que han usado costaban 150 bolivianos, en esta gestión ahora vale 350 bolivianos y les obligan a que los papás compren estos libros”. Según Córdoba, esta exigencia está acompañada de advertencias. “La exigencia es esa y si no están de acuerdo, (les advierten) que pueden sacar a sus hijos del colegio”.

    Ante esta situación, los padres de familia han decidido formalizar denuncias. “El día de hoy se van a apersonar a las instancias educativas para hacer la denuncia respectiva”, aseguró el representante. Córdoba recordó que, según la normativa vigente, cuando un colegio es denunciado y se comprueba la irregularidad, “la primera sanción es el cobro del 10% de su ingreso mensual de todas las pensiones. Si no cumple con ello, la segunda sanción es el 20%; si no cumple esa sanción, es el cierre total de la unidad educativa”.

    Córdoba también señaló que las unidades educativas privadas están aprovechando esta situación para obtener beneficios económicos indebidos. “Las unidades educativas privadas están viendo como estrategia subir el precio de los textos”, mencionó, añadiendo que “prefieren hacer las componendas con las editoriales y obviamente cuando compran varios lotes de libros, el colegio o los directivos se benefician”.

    Respecto a las alternativas que tienen los padres de familia, Córdoba explicó que “los libros que ellos elaboran tienen un lote de seis años, entonces, ellos no modifican esos contenidos y algunos padres pueden hacer fotocopiar o tener los textos del mismo Ministerio de Educación que se pueden bajar de manera digital”. Sin embargo, denunció que “en los colegios adventistas les están exigiendo que compren (los libros) y se va a interponer la denuncia para que las autoridades tomen acciones de manera rápida”.

    El representante también detalló el impacto económico de estas prácticas. Según su análisis, “un colegio promedio con una pensión de 500 bolivianos, 1.000 alumnos, son 500 mil bolivianos que ganan por mes, de esos 500 mil, son 10 mensualidades, son 5 millones de bolivianos al año. De los 5 millones de bolivianos, nosotros tenemos especialistas en informática, resulta que de los 5 millones, 2.100.000 se hacen en gastos de salarios, tomando en cuenta la cantidad de 60 docentes, entre directivos y docentes, con el sueldo básico y el colegio tiene en líquido 2.900.000 bolivianos en ganancias”.

    Córdoba también criticó a la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop), afirmando que “es un grupo reducido, desconocen el tema matemático. Tenemos entendido que a nivel nacional, hay 248 unidades privadas, según Andecop ellos solo manejan 45 unidades. (…) Tratan de confundir a la población”.

    Finalmente, Córdoba reiteró la necesidad de que el Ministerio de Educación intervenga de manera efectiva. “Nosotros estamos exigiendo a las autoridades a través del equipo jurídico que tenemos, que de una vez se ponga fin a todo esto. (…) Nosotros, los padres de familia de colegios privados le alivianamos la carga al Estado, nosotros pagamos a los profesores, el Estado no genera ítems, nosotros somos los que pagamos”.

    El representante concluyó haciendo un llamado a las autoridades para que se sancione a las unidades educativas que incurran en abusos y se garantice el derecho a la educación sin exigir costos excesivos ni prácticas arbitrarias que afecten a las familias bolivianas.

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