Éxito Noticias, 30 de agosto 2022.- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, anunció que presentará un amparo constitucional contra cinco universidades públicas que no respondieron a una Petición de Informe Escrito (PIE), con la finalidad de transparentar la administración de recursos en todas las academias estatales de formación superior.
Explicó que la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), de Cochabamba, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), de Santa Cruz, y la Universidad Pública de El Alto (UPEA), no respondieron a la solicitud de informe que se envió a mediados de mayo al sistema público de universidades y al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).
Mientras que la Universidad Autónoma de Pando (UAP) y la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier (USFX), de Chuquisaca enviaron información “incompleta”.
“En virtud de esta negativa de estas universidades, vamos a presentar un amparo constitucional para que estas autoridades cumplan el deber de informar y transparentar, conforme al artículo 24, de la Constitución Política del Estado (CPE) y el artículo 232, y en base a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0366/2022, del 24 de mayo del 2022, de Sucre, donde establece que los servidores y las autoridades tienen la obligación de responder en el menor tiempo y de forma clara” las peticiones de informe.
indicó el parlamentario.
Arce anunció que planteará el recurso legal en los próximos días en contra de las casas de estudios superiores de El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Pando.
Lamentó que algunas autoridades universitarias “obstaculicen” la investigación surgida por el caso del exdirigente de la CUEB, Max Mendoza, quien cumple detención preventiva por irregularidades durante su mandato.
“No estamos cuestionando ni tocando la autonomía universitaria, lo triste de esto es que algunos decanos, rectores y dirigentes universitarios han confundido conceptualmente lo que quiere decir autonomía y soberanía”.
manifestó.
Afirmó que si el amparo constitucional es denegado, recurrirá a otros recursos legales para fiscalización de los recursos públicos.
