Éxito Noticias, 23 de agosto 2022.- El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzáles, consideró que una de las soluciones al conflicto cocalero es convocar a nuevas elecciones en la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) para “unificar” a los dos sectores de cocaleros.
Indicó que la propuesta fue planteada por “algunos dirigentes antiguos” y que, a su criterio, se podría trabajar con el dirigente que elija las bases de la organización cocalera de los Yungas.
“Creo que lo que podría dar solución a la larga, a buscar un rato la pacificación, en tanto se pueda llegar a una elección que pueda unificarlos. Eso he estado escuchando de muchos productores que a uno lo llaman”.
expresó la autoridad gubernamental.
Indicó que el Gobierno seguirá insistiendo para que ambos sectores en conflicto se sienten a dialogar, expongan sus razones y se solucione el conflicto. “Nosotros siempre estamos predispuestos, atentos a que se pueda hacer y esperamos que en el transcurso de la semana se pueda hacer esto”, dijo.
La autoridad aguarda que las dirigencias de ambos grupos calmen los ánimos y cree que en cualquier momento se va a aceptar un diálogo abierto y sincero.
Las leyes reconocen únicamente dos mercados legales para la venta de hoja de coca que sirven para el consumo tradicional (ritual y medicinal) y que son el de Sacaba, en Cochabamba, y el de Villa Fátima, en La Paz.
El conflicto cocalero resurgió por la instalación del mercado paralelo en la zona de Villa El Carmen por el dirigente afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), Arnold Alanes, en junio de este año.
Desde principios de mes, las protestas de los cocaleros de la organización cocalera, encabezada por Freddy Machicado, activaron movilizaciones para exigir al Gobierno el cierre del “mercado paralelo”.
Las protestas han continuado por varios días con enfrentamientos entre los cocaleros manifestantes, que utilizan dinamita, y la respuesta con gases lacrimógenos de la Policía, en la zona norte de la ciudad de La Paz.
Instituciones como la Defensoría del Pueblo alteraron sobre el “uso indiscriminado” de dinamita y gases lacrimógenos y constataron los perjuicios del conflicto en las labores educativas en unas 17 escuelas y casi 10.000 estudiantes afectados por los disturbios.
