Éxito Noticias, 16 de julio 2022.- Bajo el argumento de que “no puede interrumpirse la labor del Estado”, el ministro de Justicia, Iván Lima, anticipó que el órgano Ejecutivo podría designar, a través de decretos supremos, los cargos de contralor general del Estado, defensor del Pueblo e incluso magistraturas del órgano Judicial si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no cumple con sus atribuciones.
“Lo que debe quedar claro en una democracia es cuando la ALP no ejerce su atribución, no puede interrumpirse la labor del Estado (…) Si la Asamblea Legislativa no tomo la decisión y el mandato que le da la Constitución de elegir, tendrá que ser otro Órgano del Estado quien tome medidas de emergencia”.
precisó.
El jueves, la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz dio curso a una acción de cumplimiento que presentó la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB) paralela demandando la designación de un Defensor del Pueblo.
El tribunal determinó “exhortar” al presidente del órgano Legislativo, David Choquehuanca, a convocar a sesión ordinaria o extraordinaria para designar a la nueva autoridad.
En el caso de los magistrados, Lima remarcó que anteriormente los expresidentes Carlos Mesa y Evo Morales designaron a estas autoridades de la justicia por decreto supremo.
“No estoy dando ninguna noticia novedosa, cuando la Asamblea no toma decisiones, el órgano que debe decidir el funcionamiento el Estado es el Ejecutivo”.
señaló.
Lima exhortó a la Asamblea Legislativa lograr un consenso para reunir los dos tercios en la elección del defensor del Pueblo, contralor del Estado y el próximo año en la preselección de postulantes a magistrados, que deben ser electas por voto popular tras una preselección realizada por la ALP.
Sostuvo que el Estado no puede suspender labores por el “capricho” de una clase política “que no toma responsablemente su atribución de ser oposición en el país”.
Desde la oposición, la alianza Comunidad Ciudadana (CC) alertó que una elección de Defensor por parte del Ejecutivo, es decir, del presidente del Estado, Luis Arce, sería un “golpe de Estado” al órgano Legislativo, al anularle su rol constitucional.
