Éxito Noticias, 10 de mayo 2024.- El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva Trujillo, afirmó que el Decreto Supremo (DS) 5143, no establece que Derechos Reales pase bajo la administración del Ejecutivo como se denunció, sino que esa instancia seguirá regida por el Consejo de la Magistratura, por lo que la desinformación es generada con “fines políticos”.
“Representa intereses políticos, este decreto en honor a la verdad, porque nosotros no tenemos por qué atentar contra la propiedad privada no va en contra de la población, del usuario, en contra de nadie, ni ningún derechos, puede ser que vaya en contra de los extorsionadores, avasalladores, de los loteadores quienes quieren que se mantenga así como esta Derechos Reales para seguir delinquiendo”, mencionó.
Por el contrario la autoridad señaló que el fin de este decreto es regular los trámites de propiedades en Derechos Reales (DDRR), y sobre todo busca evitar procedimientos burocráticos y extorsiones, así como corregir irregularidades como la falsificación en la propiedad.
Silva resaltó que también se implemente la bancarización como una nueva opción para subsanar las ilegalidades, permitiendo a la población acceder a los servicios ofrecidos por Derechos Reales.
El viceministro de Defensa del consumidor Jorge Silva afirma que el decreto 5143 moderniza el sistema de derechos reales para evitar la corrupción, porque los pagos de trámites se realizarán directo a una aplicación oficial, además que el sistema verificará datos con el Segip, Registro de catastro, dirección del notariado y otras instituciones.
“No contemplaba el decreto de Carlos Mesa el servicio de la banca, la bancarización, no contemplaba la interoperabilidad, la institucionalización de derechos reales, y varios otros aspectos que son necesarios para mejorar derechos reales, por tanto, es un decreto supremo que reglamenta la ley vigente de 1887 y si a los opositores les interesa el tema del derecho propietario por qué no trabajan una ley que abrogue la ley de 1887, una ley que atienda las demandas del país por hechos de corrupción, extorsión, de falsificación que se da en derechos reales y deriva en loteamientos, avasallamientos, en falsificaciones, extorsiones, intentos de homicidios, es decir lo que sucede en derechos reales”, explicó.
Por ello Silva enfatizó que el “Gobierno sería incapaz de promulgar un decreto inconstitucional y mucho menos un decreto que vaya atentar contra los intereses de la población boliviana”.
