Éxito Noticias, 2 de febrero 2026.- La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, se refirió a las críticas y cuestionamientos que surgen en torno a la Ley 348, norma destinada a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. En declaraciones públicas, la autoridad sostuvo que el problema no radica en la ley en sí, sino en la manera en que se aplica en los procesos judiciales y policiales.
Echeverría reconoció que existen casos de denuncias falsas presentadas por mujeres contra varones, pero aclaró que estas situaciones ya están contempladas en la normativa vigente. “El problema no es la ley, sino cómo se la está aplicando. Respecto a si se tuviera conocimiento de que una persona ha hecho una denuncia falsa, existe la tipificación en el Código Penal para poder sancionar”, afirmó.
La autoridad explicó que la Ley 348 fue diseñada para proteger a las mujeres frente a la violencia, pero que su aplicación requiere un trabajo coordinado entre instituciones para evitar abusos o distorsiones. En ese sentido, subrayó que los operadores de justicia deben actuar con responsabilidad y rigor para diferenciar entre denuncias legítimas y aquellas que buscan perjudicar a terceros.
El debate sobre la norma se reavivó en los últimos meses debido a denuncias de sectores que aseguran que algunos hombres han sido afectados por acusaciones sin sustento. Sin embargo, Echeverría insistió en que la solución no pasa por modificar la ley, sino por mejorar los mecanismos de investigación y sanción en casos de falsedad.
La viceministra también recordó que el Código Penal contempla sanciones para quienes incurran en denuncias falsas, lo que demuestra que el marco legal ya prevé herramientas para enfrentar este tipo de situaciones. “La norma no es el problema, lo que debe fortalecerse es la aplicación correcta y transparente”, puntualizó.
Con estas declaraciones, el Gobierno busca reafirmar la vigencia de la Ley 348 como un instrumento clave en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, al tiempo que reconoce la necesidad de mejorar la práctica institucional para garantizar justicia tanto a víctimas como a personas injustamente acusadas.
