Éxito Noticias, 3 de febrero 2026.- La expresidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, presentó una denuncia contra el viceministro de Transparencia, Yamil García, a quien acusa de vulnerar sus derechos constitucionales al señalarla públicamente como responsable de un presunto daño económico al Estado. La acción fue formalizada por su abogado, Aníbal Cabezas, ante la Defensoría del Pueblo.
Según Serrudo, las acusaciones en su contra por la construcción de un edificio en la ciudad de Tarija carecen de sustento legal y forman parte de una persecución política. “Se trata de una cortina de humo frente a casos de mayor connotación nacional, como el de las maletas y la calidad del combustible”, afirmó la exautoridad, quien considera que se busca desviar la atención pública hacia su persona.
En paralelo, Serrudo presentó un memorial de apersonamiento ante la Fiscalía de Tarija para responder formalmente a la denuncia interpuesta por el viceministro García. Su defensa sostiene que no existen elementos probatorios que respalden las acusaciones y que el proceso se basa únicamente en declaraciones públicas sin sustento jurídico.
Cabe recordar que el viceministro de Transparencia informó días atrás que se formalizó una denuncia contra la ex presidenta de la Aduana por un presunto daño económico al Estado superior a los 10 millones de bolivianos, derivado de la construcción del edificio en Tarija. La investigación se abrió bajo los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El abogado Aníbal Cabezas insistió en que las acusaciones son infundadas y vulneran el derecho a la presunción de inocencia de su defendida. “No existe ningún elemento objetivo que demuestre responsabilidad de la señora Serrudo, por lo que rechazamos categóricamente la denuncia”, señaló.
La situación ha generado un nuevo conflicto institucional entre la Aduana y el Viceministerio de Transparencia, en un contexto marcado por denuncias de corrupción y cuestionamientos a la gestión pública. Serrudo adelantó que continuará defendiendo su inocencia en instancias judiciales y que exigirá respeto a sus derechos fundamentales frente a lo que considera un proceso político y mediático en su contra.
