Éxito Noticias, 9 de julio 2026.- La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) presentó una queja por incumplimiento ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al considerar que el Auto Supremo N.º 1190/2026, emitido el 26 de junio por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no acata las directrices establecidas previamente por la jurisdicción constitucional en la Resolución Constitucional N.º 136/2025.
A través de un pronunciamiento, la empresa sostuvo que el nuevo fallo mantiene las vulneraciones a sus derechos al debido proceso y a la defensa, al conservar el mismo sentido de la decisión que había sido anulada, pese a modificar parte de su fundamentación. SOBOCE afirmó que el TSJ no corrigió las observaciones formuladas por la justicia constitucional y que persisten las afectaciones económicas derivadas de la resolución.
La compañía también cuestionó que el Tribunal Supremo haya mantenido una indemnización de Bs 479,2 millones vinculada al concepto de “proyecto de vida”, pese a reconocer que esa figura no es aplicable a personas jurídicas. Asimismo, objetó la ratificación de un monto resarcitorio total de Bs 744,3 millones, al considerar que la actualización del valor carece de sustento legal y debió analizarse en la etapa de ejecución del proceso.
En su recurso, SOBOCE denunció además presuntas irregularidades procesales, entre ellas que no se habría tramitado un recurso de reposición presentado por la empresa, que el TSJ resolvió una excepción de prescripción sin que fuera analizada por instancias inferiores y que incorporó artículos de la Constitución que, según la firma, no fueron debatidos durante el proceso. Ante ello, solicitó la suspensión provisional de la ejecución del Auto Supremo y de cualquier medida coactiva mientras se resuelven las acciones constitucionales pendientes.
La cementera advirtió que la ejecución inmediata del fallo podría afectar su estabilidad financiera, operativa y patrimonial, con consecuencias sobre las fuentes de empleo directas e indirectas. Asimismo, sostuvo que el proceso impulsado por FANCESA por supuesta competencia desleal busca dilatar el pago de la indemnización que, según SOBOCE, el Estado mantiene pendiente desde hace más de 16 años por la expropiación de sus acciones. La empresa reiteró su pedido para que el caso sea revisado por instancias académicas y jurídicas y reafirmó su compromiso con el respeto al Estado de derecho y la seguridad jurídica.
