Éxito Noticias, 15 de octubre 2025.– En una sesión extraordinaria que duró menos de una hora, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con dispensación de trámite una ley excepcional que autoriza al sector privado la importación de gasolina y diésel. La norma exime a los importadores del pago del Impuesto a la Transferencia (IT) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y les permite comercializar los carburantes a precios diferenciados del mercado, en medio de una crisis de abastecimiento que afecta a varias regiones del país.
El proyecto de ley, impulsado por el Comité Pro Santa Cruz y puesto en agenda por la senadora de Creemos, Centa Rek, fue aprobado por más de dos tercios en sus estaciones en grande y detalle. La presidenta en ejercicio del Senado, Gladys Alarcón, ordenó su remisión a la Cámara de Diputados para su revisión. La propuesta consta de nueve artículos y se denomina “ley corta excepcional y transitoria para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en situación de emergencia”.
La iniciativa surge en respuesta al desabastecimiento de combustibles que se ha intensificado en las últimas semanas, debido a la falta de divisas para la importación, según explicó el Gobierno. Aunque se ha normalizado el despacho de gasolina, el suministro de diésel aún presenta limitaciones, lo que ha generado largas filas en estaciones de servicio en distintas regiones del país.
La ley establece un régimen excepcional para la importación, transporte y despacho directo de combustibles por operadores privados hacia plantas de almacenaje y estaciones de servicio autorizadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Durante un periodo de tres meses, personas naturales o jurídicas podrán importar diésel y gasolina para su comercialización interna, especialmente en caso de que YPFB no cubra el 100% del cupo de abastecimiento.
Actualmente, el precio del litro de diésel subvencionado en Bolivia es de Bs 3,72 y el de gasolina especial Bs 3,74. Sin embargo, empresas privadas como Empacar S.A. ya comercializan diésel importado sin subvención a Bs 13,99 el litro. La ANH deberá implementar mecanismos de control para evitar que el combustible subvencionado sea vendido como importado, bajo pena de suspensión de licencias y sanciones penales.
La norma también contempla sanciones por acaparamiento, venta en lugares no autorizados, adulteración o especulación de precios por encima del 10% del valor declarado. Las penalidades incluyen multas equivalentes al valor del cargamento, suspensión de licencias de operación y denuncias penales cuando corresponda. Con esta medida, el Senado busca garantizar el abastecimiento nacional de carburantes en un contexto de emergencia económica y energética.
