Éxito Noticias, 10 de octubre de 2025.– La Sala Constitucional de Chuquisaca rechazó el recurso de amparo constitucional presentado por el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, en contra del titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo. El recurso buscaba frenar las acciones legales iniciadas por Saucedo, quien denunció a los magistrados del TCP por presunta usurpación de funciones tras la prórroga de su mandato.
El fallo marca un nuevo episodio en la creciente tensión entre las máximas instancias judiciales del país. La Sala Constitucional determinó que no se vulneraron derechos fundamentales en el proceso iniciado por Saucedo, quien sostiene que los magistrados del TCP continúan ejerciendo funciones de manera ilegal, pese a que su mandato concluyó el 31 de diciembre de 2023.
Saucedo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, acusando a cinco magistrados del TCP de dictar resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado. “Hay personas que están usurpando funciones que ya no les competen y que van en contra de lo que establece la Constitución”, afirmó el presidente del TSJ.
En respuesta, el TCP emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones y acusó a Saucedo de quebrantar la independencia de poderes. “Este TCP aclara que no entrará en disputa pública con respecto a las declaraciones del presidente del TSJ, quien pretende iniciar persecución judicial con el objeto de generar un vacío institucional”, señaló Hurtado.
El conflicto se da en medio de un debate nacional sobre la prórroga de autoridades judiciales y la legalidad de sus funciones. La Asamblea Legislativa ya aprobó en el Senado una ley para cesar el mandato de los magistrados prorrogados, y se espera su tratamiento en Diputados en los próximos días.
La decisión de la Sala Constitucional fortalece la posición del TSJ y abre la puerta para que continúe el proceso penal contra los magistrados del TCP, en lo que podría convertirse en un caso emblemático sobre la vigencia del mandato judicial y el respeto a la institucionalidad democrática.
