Éxito Noticias, 15 de julio 2025.- La Defensoría del Pueblo presentó en la ciudad de Potosí el informe preliminar titulado Situación de la Conflictividad en Bolivia – junio de 2025, a un mes de los bloqueos registrados entre el 2 y el 16 de junio en distintas regiones del país, especialmente en Cochabamba y Llallagua (Potosí). El documento revela que ocho personas perdieron la vida, 173 resultaron heridas y 201 fueron aprehendidas durante las movilizaciones impulsadas por sectores afines al expresidente Evo Morales.
Entre las víctimas fatales se encuentran cuatro efectivos policiales, dos civiles y dos personas del sector movilizado. Uno de los casos más graves, que no fue reportado en su momento, es el de Samuel Cruz Gutiérrez, un joven de 19 años que falleció en Cruce Arque, Cochabamba, presuntamente por el impacto de un proyectil de arma de fuego durante un operativo de desbloqueo. Otro deceso fue el de Nemecio Cuiza Canaviri, de 73 años, quien murió tras caminar por más de cinco horas por una carretera bloqueada entre Villa Pereira y Tapacarí.
El informe señala que el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) abrieron cinco procesos penales: cuatro por asesinato y uno por homicidio. Tres de estas causas se encontraban en etapa preliminar hasta el 4 de julio. La Defensoría manifestó especial preocupación por la participación de siete adolescentes entre los investigados.
Respecto a las detenciones, el reporte detalla que 201 personas fueron aprehendidas, de las cuales 36 recibieron detención preventiva y 32 enfrentan procesos penales activos por delitos como uso de explosivos, tentativa de homicidio, asesinato y atentado a la seguridad del Estado. Además, se documentaron cuatro agresiones a periodistas, obstrucciones a ambulancias, ataques a personal médico y hechos de violencia contra transportistas.
Las protestas también provocaron pérdidas económicas significativas en sectores como la agricultura, el comercio, el transporte y la ganadería. En municipios como Llallagua y Betanzos se suspendieron las clases, afectando el derecho a la educación.
Durante la presentación del informe, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que la conflictividad registrada tiene raíces en la crisis económica, la escasez de combustible, el alza de precios y el contexto político marcado por la polarización. Señaló que la protesta es un derecho constitucional, pero que pierde legitimidad cuando se recurre a la violencia o se vulneran los derechos de terceros. “No se puede naturalizar el fallecimiento de ciudadanos bolivianos”, expresó.
La Defensoría del Pueblo también informó que participó activamente durante los días de conflicto, mediante el acompañamiento a audiencias cautelares, la convocatoria a mesas de concertación, el apoyo al traslado de heridos y la observación de las investigaciones iniciadas. Finalmente, Callisaya hizo un llamado a los actores políticos a actuar con responsabilidad y a respetar los derechos humanos en cualquier escenario de protesta.
