Éxito Noticias, 6 de mayo 2026.- El Gobierno nacional y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) firmaron este miércoles un acuerdo tras una reunión sostenida en la Casa Grande del Pueblo, donde se definió la abrogación de la Ley 1720 y la elaboración de una nueva norma con participación de los sectores campesinos. El compromiso garantiza que la futura legislación no afectará a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
Durante el encuentro también se abrió el debate sobre otros temas de interés nacional, como la reducción de salarios de autoridades, la eliminación de beneficios para expresidentes, posibles ajustes a la normativa electoral, el abastecimiento de combustibles, el saneamiento de tierras y el fortalecimiento de sectores estratégicos como salud y educación. Pese a los avances, la CSUTCB advirtió que se mantiene en estado de emergencia a nivel nacional.
El presidente Rodrigo Paz Pereira, acompañado por los titulares de las cámaras de Senadores y Diputados, se comprometió a gestionar ante la Asamblea Legislativa Plurinacional la abrogación de la Ley 1720, que permite la conversión de tierras. El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, aclaró que el tema está en manos del Legislativo, mientras los campesinos esperan que sea tratado en los próximos días.
El acuerdo quedó plasmado en un acta de coordinación y trabajo firmada entre las partes, que incluye varios puntos de seguimiento. La reunión contó con la participación de autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo, representantes de la CSUTCB y el senador Branko Marinkovic, quien destacó que la Asamblea es autónoma y decidirá en pleno si corresponde la abrogación de la norma.
Desde el Ministerio de la Presidencia se informó que el mandatario reafirmó su compromiso con un Gobierno que “escucha, ordena y resuelve”, apostando por el consenso y el diálogo como base de la gestión pública. En ese marco, se resaltó que la reunión con los campesinos constituye un paso importante hacia la construcción de acuerdos que atiendan las demandas sociales.
En el acta, la CSUTCB incluyó exigencias adicionales como la reducción del 50% del sueldo de los asambleístas, la eliminación de la renta vitalicia para expresidentes y el archivo de la denominada “ley antibloqueos”. Estos puntos forman parte del pliego de demandas del sector, que asegura que continuará vigilante para que los compromisos asumidos por el Gobierno se traduzcan en hechos concretos.
