Éxito Noticias, 20 de noviembre 2026.- El Gobierno pidió al Ministerio Público y a las instancias judiciales investigar todas las denuncias relacionadas con la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), desde los presuntos cobros irregulares hasta las acusaciones de discriminación y presiones políticas para contratar personal. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que ninguna persona involucrada recibirá protección, pero también rechazó que las autoridades emitan condenas antes de que la justicia establezca responsabilidades.
Gálvez recordó que el 21 de octubre el Ministerio de Salud solicitó una intervención en la institución, con participación del Viceministerio de Transparencia y coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), después de recibir denuncias sobre supuestos cobros irregulares.
Posteriormente, surgieron acusaciones de discriminación y se difundieron grabaciones de conversaciones entre la entonces directora de la AISEM, Daniela Quiroga, y legisladores. El vocero sostuvo que esos hechos también deben llegar a las instancias judiciales para que las autoridades investiguen su contenido y determinen si existen responsabilidades.
“Que se investigue todo, que se establezca la verdad y para ser claros, sin privilegios, sin protección, pero también sin condenas anticipadas. Nadie está por encima de la ley”, manifestó.
El vocero señaló que el caso lleva aproximadamente un mes de investigación y rechazó que el debate se limite a las redes sociales o a las declaraciones públicas. Afirmó que el Gobierno respeta la independencia de poderes y espera que todas las personas mencionadas en las denuncias colaboren con las investigaciones.
También descartó que el Ejecutivo defienda o condene anticipadamente a los involucrados. “No defendemos ni condenamos a personas, pero sí defendemos principios y en este caso el principio de que la justicia investigue, que la verdad se conozca y quien tenga responsabilidad responda”, sostuvo.
Gálvez insistió en que el Estado no debe funcionar mediante cuotas políticas ni asignaciones de cargos a personas por recomendación de autoridades.





