Éxito Noticias, 22 de agosto 2025.- El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, expresó su conformidad con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisar los plazos de detención preventiva de figuras como el gobernador Luis Fernando Camacho, la expresidenta Jeanine Añez y el exlíder cívico Marco Pumari. Ríos destacó que el Gobierno es respetuoso de la independencia de poderes y reafirmó que no existe injerencia entre órganos del Estado en este tipo de decisiones judiciales.
“Como Gobierno Nacional somos respetuoso de la independencia y no injerencia en las decisiones de un órgano sobre el otro. Sin embargo, es importante saludar la instrucción que ha sido emitida desde la máxima autoridad de esta instancia respecto a las detenciones preventivas y el uso de esta medida en estos casos particulares”, consideró.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyó a los jueces verificar, en un plazo máximo de 24 horas desde su notificación, el cumplimiento de plazos legales en las medidas cautelares de detención preventiva impuestas contra Añez, Camacho y Pumari.
“Todas las autoridades jurisdiccionales, en todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado boliviano, de manera inmediata y dentro de las facultades constitucionales, convencionales y legales que les invisten, en el plazo de 24 horas computables desde su notificación con la presente disposición, procedan a la verificación del cumplimiento de plazos de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos que tuvieran”, refiere el instructivo.
Áñez cumple una condena de 10 años de cárcel por incurrir en delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes cuando se autoproclamó presidenta en una sesión legislativa sin quórum y sin haber jurado al cargo, en lo que se conoce como el caso Golpe de Estado II.
Mientras Camacho y Pumari se encuentran cumpliendo detención preventiva por los hechos de violencia que derivaron en la dimisión del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019. Camacho y Pumari tienen otros procesos en contra.
Ríos saludó la iniciativa, pero consideró que debiera ser extensivo para el conjunto de la población penitenciaria recluida con detención preventiva.
“No olvidar que todos los bolivianos y bolivianas gozamos de los mismos derechos. Por lo cual no solo estas tres personas, sino una gran cantidad de la población penitenciaria que oscila entre el 65% y 70% cuenta con esa situación jurídica. Entonces, sería importante que esta medida no solo se aplique a estas tres personas, sino que sea una medida que alcance a toda la población privada de libertad”, expresó.
