Éxito Noticias, 5 de junio 2025.- El Gobierno aclaró que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación del país en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pese a versiones que apuntan a un eventual ingreso en la “lista gris”.
“El Grupo de Acción Financiera Internacional aún no se ha reunido, no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento en relación al estatus que tiene Bolivia”, afirmó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en una conferencia de prensa. La decisión se conocerá en las próximas semanas, durante una reunión del pleno del GAFI.
Desde el Ministerio de Economía se reiteró que Bolivia ha cumplido más del 90% de las 60 acciones recomendadas por GAFI, de acuerdo con el informe emitido por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en enero de este año. Sin embargo, la autoridad insistió en que las leyes pendientes, especialmente las referidas a técnicas especiales de investigación, son fundamentales para el cumplimiento pleno de los estándares internacionales.
Pamela Troche, directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), explicó que Bolivia fue evaluada en noviembre de 2022 durante la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, y que los avances han sido reconocidos por el organismo internacional. “Más del 90% de estas acciones recomendadas el país las ha solventado con un trabajo coordinado”, señaló, aunque advirtió que la falta de una normativa específica aún podría perjudicar al país.
Montenegro responsabilizó directamente a los legisladores opositores por este posible revés, al no aprobar normas clave como la Ley 1386, derogada tras protestas sociales, y el proyecto de ley 280, estancado en el Senado. “En la ALP hemos advertido de este riesgo al que nos estamos exponiendo, que se hagan responsables quienes no aprobaron la normativa”, sentenció el ministro, subrayando que “GAFI demanda leyes, no decretos supremos”.
El Gobierno espera que la Asamblea Legislativa rectifique su postura y avance en la aprobación de las leyes requeridas para evitar sanciones que afectarían la imagen y economía del país.
