Éxito Noticias, 29 de abril 2026.- El Ministerio Público formalizó este miércoles la imputación contra el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, y tres exdirectivos de la entidad, acusados de un presunto daño económico millonario en la compra de bonos soberanos. La jefa del Departamento de Lucha Contra la Corrupción, Sheryl Sempertegui, informó que se solicitará la detención preventiva de los cuatro implicados por un lapso de seis meses.
Según la imputación, Rojas y uno de los exejecutivos deberían ser recluidos en el penal de San Pedro, mientras que los otros dos exdirectores serían enviados a la cárcel de Patacamaya. La Fiscalía sostiene que las irregularidades se produjeron en operaciones realizadas bajo un reglamento de 2024, que habría permitido transacciones con sobreprecio y condiciones desfavorables para el Estado.
La denuncia fue presentada por la actual administración del BCB tras una auditoría interna que detectó un daño económico significativo. El Ministerio Público maneja una cifra de 124 millones de dólares, mientras que el Viceministerio de Transparencia reportó que el perjuicio asciende a 142,3 millones de dólares, lo que evidencia discrepancias en la magnitud del daño.
Los delitos atribuidos a los exejecutivos son incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. De acuerdo con la investigación, las operaciones con bonos soberanos no se ajustaron a los procedimientos establecidos y generaron pérdidas millonarias para el país. La Fiscalía considera que la detención preventiva es necesaria para evitar riesgos de fuga y garantizar el avance del proceso.
Rojas y los otros tres exdirectivos pasaron la noche en celdas policiales tras ser aprehendidos. La audiencia de medidas cautelares será convocada en las próximas horas, donde un juez definirá la situación jurídica de los acusados. El caso ha generado expectativa debido a la magnitud del daño económico y la relevancia de los implicados en la administración de la principal entidad financiera del país.
La investigación se enmarca en los esfuerzos del Estado por transparentar la gestión de recursos públicos y sancionar posibles actos de corrupción. La decisión judicial sobre la detención preventiva marcará el rumbo del proceso y podría derivar en responsabilidades mayores si se confirma el perjuicio millonario ocasionado por las operaciones irregulares con bonos soberanos.
