Éxito Noticias, 25 de agosto 2025.- El expresidente del Estado, Eduardo Rodríguez Veltzé, en contacto con el programa Cable a Tierra de Radio Éxito, manifestó que existen errores en la intención del Tribunal Supremo de Justicia sobre la revisión de plazos sobre detenciones preventivas.
Para Veltzé esta debería de estar enmarcada dentro de la normativa que prioriza un determinado grupo de personas que pueden ser beneficiadas con este tipo de excepciones legales.
“Aun asumiendo que se trata de una exhortación para que se cumpla la norma hay un error que posiblemente no fue debido por el Dr. Saucedo, el tratamiento de las medidas cautelares y concretamente la detención preventiva prevé un tratamiento de discriminación positiva para determinados acusados como ser mayores de 65 años, mujeres embarazadas, o personas enfermas en ciertas condiciones, esa discriminación es la que debería de motivar esta iniciativa del presidente del TSJ”, declaro el expresidente.
Rodríguez Veltzé lamento que se haya dejado de lado a este grupo de personas y se haya priorizado a los ciudadanos Áñez, Camacho y Pumari.
“Pero en lugar de ocuparse de estos sujetos que la misma ley señala como quienes no deben ser detenidos preventivos a sido dejada de lado para dar prioridad a los casos de la ciudadana Añez, los ciudadanos Camacho y Pumari, lo cual a despertado la protesta de los ciudadanos detenidos preventivamente que también gozan de la presunción de inocencia, mientras no haya sentencia en su contra, además de otras garantías que la ley prevé”, acotó.
Para resumir hemos tenido una iniciativa muy sana pero muy mal conducida porque para tomar este tipo de decisiones debemos tomar en cuenta el régimen procesable y sobre todo la participación de todos los sujetos del proceso penal, hablamos del fiscal que debe tomar una decisión sobre lo que el llevo a tomar una detención preventiva, las victimas que tienen el derecho de participar, por los daños que han recibido, hay ausencia de una política criminal que es responsabilidad del Fiscal General que determine el manejo de procesos de fenómenos delictivos, de como se los previene, como se trata a los juzgados, las victimas y los reclusos, además que se tienen manipulaciones políticas que han desfigurado un sistema de justicia imparcial.
