Éxito Noticias, 7 de mayo 2026.- El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y organizaciones campesinas para avanzar en la abrogación de la Ley 1720 generó una ola de cuestionamientos desde sectores empresariales y políticos, que advirtieron riesgos de inseguridad jurídica y anunciaron medidas de presión.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y el Comité pro Santa Cruz expresaron su rechazo a la posibilidad de eliminar la norma y confirmaron el inicio de movilizaciones progresivas a partir del 14 de mayo. El anuncio fue realizado luego de que el Ejecutivo suscribiera un acta con dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), comprometiéndose a gestionar en la Asamblea Legislativa la abrogación de la ley y la elaboración de una nueva propuesta consensuada.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó que el acuerdo busca incorporar distintas visiones sobre el uso y acceso a la tierra, además de evitar mayores conflictos sociales. Según indicó, el objetivo es construir una nueva normativa mediante diálogo con los sectores involucrados.
Sin embargo, desde Santa Cruz surgieron críticas inmediatas. El presidente de la CAO, Klaus Frerking, calificó la decisión como un “retroceso histórico” y sostuvo que la eliminación de la norma afectará especialmente a pequeños productores que requieren seguridad jurídica para acceder a créditos y financiamiento.
En la misma línea, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que el Gobierno estaría retrocediendo ante la presión de sectores movilizados, perjudicando al aparato productivo del oriente del país.
Las críticas también llegaron desde el ámbito político. El empresario y líder opositor Samuel Doria Medina manifestó preocupación por el precedente que podría generar la anulación de una ley recientemente promulgada. A través de sus redes sociales, señaló que si bien toda norma puede ser ajustada, ceder ante movilizaciones sin agotar mecanismos institucionales podría debilitar la estabilidad y la credibilidad de las instituciones.
Doria Medina advirtió además que la eventual abrogación podría trasladar el conflicto hacia sectores productivos del oriente, generando nuevas tensiones regionales.
Por su parte, el senador Branko Marinkovic expresó su rechazo a la eliminación total de la norma y planteó más bien realizar modificaciones parciales para evitar retrasos en la reactivación económica.
En medio de la controversia, el presidente Rodrigo Paz sostuvo que la Ley 1720 es una norma “buena”, aunque admitió que faltó una adecuada socialización con los sectores sociales. Asimismo, señaló que existen propuestas para ajustar y mejorar el contenido de la ley mediante modificaciones y consensos.
La Ley 1720 fue cuestionada por organizaciones indígenas y campesinas que marcharon hacia La Paz exigiendo su derogación. Según sus críticos, la normativa permite convertir pequeñas propiedades en medianas mediante trámites simplificados y sin suficiente consulta a las comunidades involucradas.
