Éxito Noticias, 20 de junio 2024.- El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, solicitó a la Cámara de Senadores diferir el tratamiento del Proyecto de Ley 036/2023-2024, que involucra 19 contratos mineros, debido a la falta de información sobre los estudios de impacto ambiental relacionados. Esta petición incluye una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo.
Según la institución defensorial, informes de la Asamblea Legislativa indican que estos contratos podrían afectar derechos ambientales y de la Madre Tierra, pero esta información no está accesible públicamente, a pesar de que el acceso a la información ambiental es fundamental según el Acuerdo de Escazú, destacó la Defensoría en un comunicado.
En su carta al Senado, Callisaya enfatizó la importancia de esperar la resolución judicial sobre la medida cautelar antes de avanzar con el proyecto de ley. Además, expresó su preocupación por la falta de claridad en los documentos disponibles, los cuales no responden satisfactoriamente a las preocupaciones ambientales planteadas por la Asamblea Legislativa.
El defensor del Pueblo recordó que Bolivia es signataria del Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información en asuntos ambientales, y exhortó al Senado a cumplir con las obligaciones establecidas en este acuerdo internacional.
La Defensoría también subrayó la necesidad de aplicar la Consulta Previa, un derecho reconocido por la Constitución Política del Estado y el Convenio 169 de la OIT, antes de cualquier actividad minera que pueda afectar comunidades locales.
Asimismo, la Defensoría presentó una solicitud de Medida Cautelar Ambiental basada en principios constitucionales y el Principio Precautorio del Acuerdo de Escazú. Esta medida busca asegurar el acceso a la información y la participación pública en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales, mientras se aclara la situación respecto a la documentación de los contratos administrativos mineros.
La decisión final sobre el tratamiento del proyecto de ley queda ahora en manos de la Cámara de Senadores y de la jurisdicción competente.
