Éxito Noticias, 3 de diciembre 2024.- Gabriel Justiniano, abogado de los vecinos afectados por el deslizamiento en Bajo Llojeta, denunció que el alcalde de La Paz, Iván Arias, busca evadir responsabilidades tras el desastre. En declaraciones a radio Éxito, Justiniano cuestionó la falta de previsión y planificación por parte de la autoridad municipal.
“A nosotros nos sorprende que el alcalde Iván Arias quiera deslindarse de responsabilidades, nosotros creemos que en base a mentiras él está queriendo desviar la atención de la opinión pública y queriendo evitar la responsabilidad que tiene como autoridad municipal, no solo de atender el riesgo ahora sino que debe responder qué sucedió con el posible plan de riesgos que él tenga, por qué no lo ejecutó, en qué momento lo ejecutó y nosotros hemos sostenido documentación que muestra que es mentira lo que él dice, que él no sabía y que había problemas de límites con Achocalla, esas son mentiras que deben ser aclaradas por el alcalde y debe asumir su responsabilidad. “, afirmó el representante legal.
Justiniano presentó documentos que, según él, prueban que Arias no solo conocía el movimiento de tierras en la zona, sino que en enero de 2024 su gestión aprobó un plan de intervención vial que incluía sectores como la urbanización El Prado y las urbanizaciones Santiago II y Santa Cecilia.
Además, cuestionó la legalidad de estas acciones, señalando que “muchas personas en el área no pudieron acreditar su derecho propietario, pero aun así el alcalde promovió gestiones en esa zona”.
“(El alcalde Iván Arias) no solo conocía del movimiento de tierras, sino que en su gestión, en enero de 2024 se aprueba un plan de intervención vial para que en esa zona, la urbanización El Prado y colindando a eso las urbanizaciones Santiago II y Santa Cecilia, en todo ese sector el alcalde había aprobado un plan de intervención de vías. Con estos documentos no solo demostramos que él sabía del movimiento de tierras, sino demostramos que él tenía la intención de mover tierra y más grave todavía es que muchas de esas personas no pudieron acreditar su derecho propietario pero sin embargo, el alcalde había promovido esta gestión dentro de esa zona y más grave todavía que no conocemos si realmente existía una planificación para todas estas gestiones”.
Los afectados exigen que Arias presente un plan de gestión de riesgos, demuestre si fue ejecutado y explique el presupuesto asignado y las medidas de prevención tomadas. “El alcalde debía prever el riesgo y desalojar a las personas que estaban en peligro”, concluyó Justiniano.
El jurista señaló que Arias no solo tiene responsabilidad administrativa por la tragedia, sino responsabilidad penal y civil, por lo que debe resarcir a las personas afectadas.
