Éxito Noticias, 19 de agosto 2024.- La exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, fue sentenciada a cuatro años de prisión por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, en un proceso que ha sido calificado por su defensa como sorpresivo e irregular. Según su abogado, Franklin Amaru, la exautoridad nunca fue notificada sobre el cambio de la tipificación del delito, lo que vulneró su derecho a la defensa.
Amaru señaló que, aunque la modificación del tipo penal es legalmente posible, en este caso se rompió la base sobre la cual se llevó todo el proceso. El jurista enfatizó que el cambio abrupto del delito violó el debido proceso.
El Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción de La Paz dictó la condena la semana pasada, tras una investigación que reveló 182 movimientos bancarios, por un total de 247.072 bolivianos, que según la fiscalía no coincidían con el nivel de ingresos de Lizárraga durante las gestiones 2019 y 2020. El fiscal departamental de La Paz, William Alave, aseguró que estas transacciones levantaron sospechas de enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, la defensa de Lizárraga explicó que los depósitos en cuestión fueron realizados por su exesposo, quien utilizaba su cuenta bancaria para recibir pagos por honorarios profesionales. Amaru también subrayó que su clienta trabajó principalmente en el sector privado y solo tuvo un breve paso por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez en 2020.
Lizárraga, actualmente exiliada en Estados Unidos, aseguró que su salida de Bolivia fue motivada por lo que describió como una “persecución político-judicial” por parte de los gobiernos socialistas. Desde su exilio, reafirmó su intención de defenderse y adelantó que su equipo legal apelará la sentencia por lo que consideran un cambio abrupto e injusto en la acusación.
