Éxito Noticias, 22 de agosto 2026.- El activista de derechos humanos de El Alto, David Inca, cuestionó la decisión de una Sala Constitucional de Cochabamba que concedió una acción de libertad a favor del exministro Carlos Sánchez Berzaín y dejó sin efecto actuaciones del juicio de responsabilidades iniciado por los hechos de octubre de 2003. La resolución anuló el auto de apertura del juicio de 2009 y medidas derivadas contra Berzaín, aunque organizaciones que representan a las víctimas sostienen que todavía deben conocerse con precisión todos los alcances del fallo.
Inca sostuvo que el proceso debía ser tratado por el juez natural correspondiente y cuestionó que una Sala Constitucional haya intervenido en el caso. “El juez natural que estaba llevando el caso Berzaín es la Corte Suprema de Justicia, actual Tribunal Supremo de Justicia, entonces ese juez natural es el que tiene que decir si ha obrado mal o ha obrado bien”, afirmó el activista, quien considera que el tema debió ser presentado ante esa instancia.
El representante de derechos humanos advirtió además que la determinación podría generar consecuencias para las víctimas que durante años impulsaron el proceso por los hechos de Octubre Negro. Según su interpretación, al dejarse sin efecto la apertura del juicio de responsabilidades y las actuaciones posteriores, Berzaín podría quedar en una posición favorable para reclamar posteriormente una compensación por la persecución judicial que enfrentó. “Sánchez Berzaín quedaría libre de toda culpa y entendemos que después de esto él puede pedir una indemnización”, señaló.
La decisión judicial generó rechazo entre representantes de las víctimas, quienes anunciaron que evaluarán recursos para impugnarla. Roberto de la Cruz, abogado y representante de víctimas de Octubre Negro, aclaró que el fallo no necesariamente significa que toda la investigación haya desaparecido, sino que afecta principalmente el auto de apertura del juicio de 2009 y sus actuaciones posteriores. El proceso está relacionado con la crisis de octubre de 2003, que dejó decenas de fallecidos y derivó en la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
