Éxito Noticias, 25 de junio 2026.- El Consejo de la Magistratura anunció que impulsa una modificación a la Ley 025 con el objetivo de viabilizar la destitución inmediata de jueces que incurran en faltas graves y gravísimas, en el marco de procesos administrativos que actualmente, según la institución, no permiten sanciones más drásticas de forma oportuna.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer Arancibia, explicó que existen casos de jueces con procesos abiertos por distintos niveles de infracciones, desde faltas leves hasta gravísimas, pero que el marco normativo vigente limita la aplicación de sanciones más severas.
“Para poder destituir a estas autoridades que han cometido estos actos irregulares e ilegales necesitamos modificar la ley 025”, afirmó la autoridad, al remarcar que la propuesta busca acelerar la salida de jueces señalados por corrupción u otras irregularidades.
La autoridad cuestionó que, en la práctica, las suspensiones actuales terminan sin efectos reales, ya que, según dijo, los sancionados continúan percibiendo beneficios durante el proceso. “Cuando suspendemos pues son vacaciones pagadas, un mes, dos meses”, sostuvo.
En ese contexto, indicó que el Consejo pretende que las faltas gravísimas puedan derivar en destituciones inmediatas, además de ajustar la normativa para que las faltas acumuladas también permitan sanciones más estrictas.
Asimismo, añadió que el planteamiento será presentado ante la Asamblea Legislativa, con la finalidad de acelerar su tratamiento. Asimismo, señaló que algunos de estos puntos también serán coordinados con el Tribunal Constitucional, debido a acciones de inconstitucionalidad relacionadas con el tema.
Spencer remarcó que, pese a las observaciones al sistema, el Consejo de la Magistratura afirma respetar el debido proceso y las garantías constitucionales en cada caso. “Nunca nos vamos a apartar del debido proceso”, aseguró.
De igual forma, informó que la institución recibe de forma constante denuncias en diferentes regiones del país, especialmente en el departamento de Santa Cruz, donde equipos del Consejo se desplazan a municipios para atender reclamos ciudadanos vinculados al desempeño de autoridades judiciales.
