Éxito Noticias, 28 de julio 2026.- La comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó el caso de la denominada “gasolina desestabilizada” concluyó que existieron graves deficiencias en los controles de calidad, irregularidades en la importación del combustible y presuntas responsabilidades en distintos niveles de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y otras instancias involucradas en el proceso.
En contacto con radio Éxito, el diputado Pablo Ávila, integrante de la comisión, explicó que la investigación comenzó a principios de año y estuvo marcada por dificultades para acceder a la documentación debido a constantes cambios de personal en las entidades investigadas. No obstante, señaló que finalmente se logró recopilar contratos, informes técnicos y otros antecedentes que permitieron establecer los principales hallazgos.
Entre ellos, mencionó la falta de mantenimiento de los tanques de almacenamiento de YPFB, situación que, según indicó, habría contribuido al deterioro del combustible. Asimismo, sostuvo que durante la anterior administración se flexibilizaron las especificaciones técnicas que debía cumplir la gasolina importada, permitiendo el ingreso de combustible con estándares inferiores.
Ávila afirmó que otro de los hallazgos apunta a que la ANH no cuenta con laboratorios adecuados para verificar la calidad del combustible. Indicó que la entidad dispone únicamente de equipos básicos y que solo uno de sus laboratorios móviles se encontraba operativo, mientras que las pruebas completas debían realizarse en instalaciones de YPFB Refinación.
Además, señaló que la comisión detectó que parte de los lotes de gasolina importados carecía de documentación que acreditara su origen y características técnicas. Según explicó, también se identificó que tres empresas emitieron certificaciones de calidad sin contar con contratos vigentes con el Estado o con YPFB, aspecto que calificó como una seria irregularidad.
Respecto al exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, Ávila indicó que el informe analiza una resolución ministerial mediante la cual se autorizó el desprecintado de un lote de combustible. Sin embargo, precisó que esa decisión contaba con respaldo documental y consideró que una eventual responsabilidad de la exautoridad estaría más relacionada con una presunta falta de reacción oportuna para corregir las deficiencias detectadas. “Yo lo veo más por inacción”, afirmó.
Sobre las denuncias de una supuesta red que habría operado desde la frontera con Chile para el ingreso de combustible irregular, el legislador señaló que la comisión no encontró elementos documentales suficientes para incorporar ese aspecto como una conclusión de la investigación, aunque aclaró que el Ministerio Público mantiene una pesquisa sobre ese tema.
El diputado informó que el informe aún debe ser debatido y aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados. Una vez cumplido ese procedimiento, será remitido al Ministerio Público para que continúe con las investigaciones y determine las responsabilidades penales correspondientes.
Ávila sostuvo que las presuntas irregularidades no pueden atribuirse a una sola persona y aseguró que la comisión identificó indicios de responsabilidad en distintos niveles jerárquicos. En ese contexto, planteó la necesidad de una profunda reestructuración en YPFB y la ANH para fortalecer los mecanismos de control y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
