Éxito Noticias, 8 de junio 2026.- La Central Obrera Boliviana (COB) emitió un pronunciamiento público en el que denuncia el supuesto secuestro, atentado contra la integridad física y aprehensión arbitraria de cinco de sus dirigentes nacionales, hechos que, según la organización sindical, ocurrieron el 7 de junio en medio del actual conflicto social que atraviesa el país.
A través de un comunicado, el ente matriz de los trabajadores afirmó que sus dirigentes fueron interceptados cuando circulaban en un vehículo particular por la vía pública. Según la versión de la COB, los ocupantes fueron abordados por personas encapuchadas, vestidas de civil y armadas, quienes presuntamente no portaban identificación oficial ni presentaron órdenes de aprehensión emitidas por una autoridad competente.
La organización sostiene que durante el operativo se habría utilizado gas lacrimógeno dentro del vehículo para obligar a los ocupantes a descender, situación que, a su juicio, puso en riesgo la integridad física y la vida de los dirigentes involucrados.
De acuerdo con el pronunciamiento, los cinco dirigentes permanecen retenidos en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). La COB asegura que la aprehensión carecería de sustento legal debido a la supuesta inexistencia de un informe policial de acción directa que respalde la intervención.
En ese contexto, la organización sindical calificó el hecho como una vulneración de derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la vida, la integridad física, el debido proceso, la libertad sindical y la protección contra detenciones arbitrarias.
Asimismo, la COB expresó preocupación por la circulación de videos en redes sociales que, según señala, mostrarían presuntos actos de violencia contra los dirigentes aprehendidos. La entidad indicó que, de confirmarse la autenticidad de ese material, podrían configurarse hechos contrarios a los derechos humanos y a convenios internacionales suscritos por Bolivia.
El pronunciamiento también menciona presuntas vulneraciones a instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referido a la libertad sindical.
Frente a esta situación, la Central Obrera Boliviana exigió la liberación inmediata de sus cinco dirigentes y solicitó la intervención del Defensor del Pueblo, así como de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la OIT.
De igual manera, la organización se declaró en estado de emergencia nacional y advirtió que continuará exigiendo el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables del operativo denunciado, al considerar que existe una presunta persecución contra la dirigencia sindical.
