Éxito Noticias, 19 de julio 2024.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un documento de 21 páginas en el que brinda una asistencia técnica respecto a los “criterios para la evaluación de méritos de las personas candidatas” de cara a las elecciones judiciales.
El documento titulado “Criterios para la evaluación de méritos de las personas candidatas para los Altos Tribunales y el Consejo de la Magistratura que conforman el Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia” fue publicado recientemente.
En este, la CIDH sugiere lineamientos para garantizar que el proceso de preselección respete los principios de igualdad y no discriminación. Entre estos lineamientos se destacan la evaluación basada en méritos, la participación activa de la sociedad civil, y la inclusión de mujeres e indígenas en el proceso de selección.
El organismo internacional también afirma que los candidatos a los altos cargos judiciales no deben ser objeto de discriminación alguno y asegura que la igualdad de oportunidades en un procedimiento de nombramiento se garantiza a través de la “libre concurrencia”, de manera que se otorgue la oportunidad abierta e igualitaria a través del señalamiento ampliamente público, claro y trasparente de los requisitos exigidos para desempeñar el cargo.
“Ello, sin que sean admisibles restricciones que impidan o dificulten a quien no hace parte de la administración o de alguna entidad, es decir, impedimentos a la persona particular para acceder al cargo con base en sus méritos por el hecho de no haber accedido al servicio público previamente”, señala el texto.
En cuanto a los elementos que deben ser calificados durante el proceso de selección de candidatos, la Corte Interamericana señaló que debe contarse con mecanismos objetivos de selección que tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que se van a desempeñar, de tal manera que sean elegidos exclusivamente por el mérito personal y su capacidad profesional.
Respecto del criterio del mérito personal, la CIDH señala que las personas que ejercerán funciones jurisdiccionales deben ser “personas íntegras, idóneas, que cuenten con la formación o calificaciones jurídicas apropiadas”. Asimismo, añade, debe acreditarse la capacidad profesional de los candidatos para el ingreso en la carrera y asegurar que cada uno de los nombramientos se haga con base en criterios objetivos.
“La continuidad del proceso de selección de personas operadoras de justicia en Bolivia, realizado de manera oportuna y adecuada, asegurando la objetividad de la selección de precandidatura con criterios objetivos claros y uniformes en ambas comisiones, constituye una oportunidad de la mayor trascendencia para fortalecer la confianza de la población boliviana en el sistema judicial, y garantizar la adecuada independencia judicial frente a los otros poderes del Estado, fortaleciendo la institucionalidad democrática”, afirma.
El organismo, en esa línea, afirma que los requisitos que se utilizan para la preselección de candidatos sean “coherentes, objetivos, fomenten la meritocracia, garanticen la igualdad, y que sean respetuosos del ejercicio de otros derechos”.
Además, la CIDH insiste en que los nombramientos y la selección de magistrados se realicen dentro de los plazos constitucionales, resaltando que este es un requisito esencial para garantizar la independencia judicial. Bolivia ha solicitado el acompañamiento de la CIDH en el proceso electoral, lo cual se ha traducido en un acuerdo de cooperación técnica con la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la elaboración de la nota técnica sobre los criterios de méritos para la valoración de candidaturas.
Un aspecto central de las recomendaciones de la CIDH es la incorporación de un enfoque de derechos humanos en el proceso de selección. Este enfoque no solo busca cumplir con los estándares interamericanos, sino también fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial, promoviendo la participación activa de mujeres e indígenas y asegurando procesos de selección justos, transparentes y equitativos.
