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    Bolivia pierde arbitraje y deberá pagar $us 105 millones a BBVA por transición del sistema de pensiones

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    Éxito Noticias, 21 de abril 2026.- Bolivia deberá pagar una indemnización de 105 millones de dólares al banco BBVA, luego de que el Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazara el recurso presentado por el Estado para anular un laudo arbitral internacional, consolidando así una decisión emitida en 2022 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

    El fallo pone fin a una disputa que se extendió por más de una década y que se originó tras la nacionalización del sistema de pensiones en 2010, durante el gobierno de Evo Morales. En ese proceso, el Estado asumió la administración de los fondos que hasta entonces estaban en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entre ellas Previsión BBVA.

    Según el banco español, el conflicto no radicó en la decisión de nacionalizar, sino en la forma en que se ejecutó la transición hacia la estatal Gestora Pública. La entidad denunció demoras prolongadas, incertidumbre jurídica y perjuicios económicos derivados del traspaso, además de un supuesto trato arbitrario durante el proceso.

    Estas observaciones llevaron a BBVA a acudir en 2018 a arbitraje internacional, instancia que falló a su favor y ordenó el pago de la indemnización. Bolivia intentó revertir esa decisión en instancias judiciales de Europa, sin éxito, lo que ahora obliga al Estado a cumplir con el pago.

    El caso se remonta a dificultades en la transferencia de información y activos desde las AFP privadas hacia la administración estatal, proceso que culminó recién en 2023 con la operación plena de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

    La resolución representa un nuevo revés para el país en tribunales internacionales y se produce en un contexto económico complejo, marcado por restricciones de divisas y presiones sobre las finanzas públicas. Además, reabre el debate sobre los efectos y costos de los procesos de nacionalización y la seguridad jurídica para la inversión extranjera.

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