Éxito Noticias, 15 de abril 2026.- La asambleísta departamental de La Paz, Samantha Coronado, pidió iniciar procesos contra el gobernador saliente Santos Quispe, al considerar que su gestión dejó presuntos daños económicos y múltiples irregularidades que deben ser investigadas.
En entrevista con radio Éxito, la legisladora calificó la administración departamental como “una de las más negativas” y sostuvo que durante los cinco años no se concretaron proyectos relevantes, pese a la firma de convenios y compromisos en distintas provincias. Según explicó, varias obras quedaron paralizadas incluso contando con presupuesto y empresas contratadas.
Coronado afirmó que, tras inspecciones realizadas como parte de la Comisión de Infraestructura, se evidenció un manejo administrativo deficiente, además de posibles irregularidades en la ejecución de proyectos. Señaló que en algunos casos una misma constructora operaba en distintas obras sin concluirlas, lo que habría derivado en retrasos y perjuicios para la población.
En el área de salud, denunció carencias estructurales como la falta de medicamentos, equipamiento sin uso y déficit de personal médico en hospitales de primer y segundo nivel, tanto en la ciudad como en provincias. También mencionó denuncias previas sobre cobros irregulares por ítems y abandono en casas de acogida.
La asambleísta indicó que, pese a múltiples denuncias presentadas durante la gestión, no se lograron avances significativos en la justicia, lo que atribuyó a una presunta parcialización a favor de la autoridad departamental. Asimismo, cuestionó restricciones a la labor de fiscalización que, según dijo, impidieron acceder a información clave en el último año.
En ese contexto, Coronado planteó que la próxima autoridad departamental debe impulsar auditorías integrales en todas las unidades de la Gobernación. “Si estas auditorías arrojan responsabilidades, por supuesto que se tiene que procesar a la primera autoridad del departamento”, sostuvo.
También advirtió sobre posibles daños económicos vinculados a proyectos inconclusos, compra de equipamiento no utilizado y adquisiciones con presunto sobreprecio, además de la falta de resultados en áreas como desarrollo productivo.
De igual forma, reiteró que el gobernador, como máxima autoridad ejecutiva, debe responder por lo ocurrido durante su gestión. “Se tiene que establecer responsabilidades y encaminar los recursos en beneficio de la población”, afirmó, al insistir en la necesidad de transparentar el manejo institucional durante el proceso de transición.
