Éxito Noticias, 27 de octubre 2025.— El presidente Luis Arce anunció este lunes 27 de octubre la promulgación inmediata de la Ley Corta Excepcional y Transitoria para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en situaciones de emergencia. La norma, presentada por sectores cívicos, busca facilitar la importación y comercialización de carburantes por parte de privados en medio de una coyuntura marcada por el desabastecimiento.
A través de sus redes sociales, Arce destacó que su gobierno ya había adoptado medidas previas para enfrentar la escasez de combustibles, como la emisión de decretos que autorizan al sector privado a importar carburantes tanto para consumo propio como para su venta. Entre ellos, mencionó el Decreto Supremo 5218, que agiliza los trámites de importación, y el 5271, que permite la comercialización interna por parte de privados.
También se refirió al Decreto Supremo 5313, que amplía el plazo de autorización para importar y vender combustibles de uno a tres años, brindando mayor previsibilidad a los empresarios. Esta norma, además, flexibiliza los requisitos técnicos y permite certificaciones de calidad por entidades como IBNORCA, facilitando el uso de infraestructura logística de YPFB.
Según datos oficiales, actualmente 72 empresas cuentan con permisos de importación: 39 para consumo propio, 26 para comercialización y 10 para venta directa. Entre enero y septiembre de 2025, se importaron 45.314 m³ de carburantes para consumo y 17.785 m³ para comercialización, cifras que reflejan el creciente rol del sector privado en el abastecimiento energético.
Pese a algunas observaciones técnicas sobre la ley promulgada —como la falta de mecanismos operativos para garantizar la distribución— Arce afirmó que su gobierno no bloquea iniciativas que puedan contribuir a resolver problemas nacionales. “Más allá de las diferencias políticas, dimos curso a esta norma porque creemos que puede ayudar”, señaló.
Finalmente, el mandatario advirtió que la libre importación y comercialización establecida en la ley podría generar un aumento en los precios del combustible, al no contar con la subvención estatal. “Esto tendrá un efecto inmediato sobre la economía de las familias bolivianas”, alertó, reiterando el compromiso del Ejecutivo de proteger el bolsillo de la población.
