Éxito Noticias, 19 de junio 2026.- Los procesos judiciales abiertos contra los dirigentes y manifestantes detenidos durante las recientes movilizaciones incluyen seis tipos penales, algunos de los cuales podrían ser reconsiderados en el curso de las investigaciones, según informó el abogado de derechos humanos Curmi Rocha.
El jurista explicó que entre los delitos imputados se encuentran figuras de alta gravedad como terrorismo y financiamiento del terrorismo, sancionados con penas que podrían oscilar entre 15 y 20 años de prisión. Sin embargo, señaló que si estos cargos fueran retirados o no se lograra acreditar la participación de los acusados, el resto de los delitos asociados tendría penas menores, que en su mayoría no superarían los cuatro años.
En ese escenario, Rocha indicó que sería posible acceder a beneficios como el perdón judicial, siempre y cuando los procesos avancen en el marco de un eventual acercamiento o diálogo con el Estado. No obstante, aclaró que una amnistía solo procede en casos con sentencia ejecutoriada, por lo que no aplicaría automáticamente en causas que aún se encuentran en etapa de investigación.
El abogado añadió que, de acuerdo con su análisis, el Ministerio Público debería revisar cada caso de manera individual, considerando la situación procesal de aproximadamente 22 personas que actualmente permanecen detenidas en el penal de San Pedro.
Asimismo, sostuvo que algunos imputados han sido vinculados a delitos como asociación delictuosa, terrorismo y financiamiento del terrorismo, aunque cuestionó la pertinencia de estas tipificaciones en ciertos casos, al considerar que no existirían elementos suficientes para sostenerlas en todos los procesos.
Rocha también mencionó que, en algunos casos, se habría solicitado a la Fiscalía un análisis más detallado para evitar imputaciones que no correspondan a los hechos investigados, e indicó que en al menos diez casos se habría logrado que no se aplique la figura de terrorismo.
Las investigaciones continúan mientras el Ministerio Público evalúa la situación jurídica de los detenidos y la posible recalificación de los delitos imputados en cada expediente.
