Éxito Noticias, 13 de noviembre 2026.- La suspensión de la subvención al diésel, la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y la apertura a la importación privada de combustibles marcaron los principales cambios que el Gobierno de Rodrigo Paz aplicó durante su primer año en el sector energético. La administración justificó estas decisiones por la presión fiscal, los problemas de abastecimiento y las denuncias de corrupción y contrabando dentro de la cadena de distribución.
El 18 de septiembre de 2026, el Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 5716 y eliminó la subvención al diésel, después de más de dos décadas de mantener este mecanismo. Con la medida, el Gobierno dispuso que el precio del combustible responda a las variaciones del mercado internacional. El presidente Paz defendió la decisión bajo el argumento de que el Estado ya no podía sostener el costo del subsidio y necesitaba liberar recursos para atender otras obligaciones públicas.
La medida modificó una política que comenzó a tomar forma en 1997 y se consolidó en 2005. Sin embargo, el retiro de la subvención también abrió un escenario de ajustes para los sectores que dependen del diésel, especialmente el transporte y las actividades productivas.
En paralelo, el Gobierno dispuso la intervención temporal de YPFB y la ANH por 180 días, mediante los decretos supremos 5699 y 5697. El Ejecutivo argumentó que las estructuras internas de ambas entidades obstaculizaban las medidas destinadas a garantizar el suministro de combustibles y que existían vínculos entre funcionarios y redes dedicadas al contrabando.
Las investigaciones apuntaron a la salida ilegal de diésel hacia países vecinos, principalmente Perú y Brasil, donde el combustible boliviano podía comercializarse a precios superiores. El Gobierno también denunció que algunos contrabandistas utilizaban tanques modificados para transportar mayores cantidades de carburantes. Estas actividades, según las autoridades, agravaron el desabastecimiento y las filas en las estaciones de servicio.
A partir de las intervenciones, el Ejecutivo anunció auditorías, denuncias ante instancias de transparencia y procesos ante las autoridades judiciales. También planteó una reestructuración de las empresas estatales del sector con apoyo de consultorías internacionales. No obstante, el alcance de las investigaciones y sus resultados deberán establecer el grado de responsabilidad de los funcionarios y otros actores involucrados.
Cambios en la importación y búsqueda de inversiones
Otra de las decisiones del Gobierno consistió en habilitar la importación privada de combustibles y la compra directa de petróleo crudo. Los decretos supremos 5517 y 5644 respaldan estas disposiciones, que también buscan reactivar las refinerías Gualberto Villarroel, en Cochabamba, y Guillermo Elder Bell, en Santa Cruz.
El Ejecutivo atribuyó la dependencia de las importaciones a dos décadas de una política centrada en la extracción de hidrocarburos y a la falta de inversiones en exploración. Frente a ese escenario, anunció la elaboración de nuevas leyes para los sectores de hidrocarburos y electricidad, con el propósito de establecer nuevas reglas para atraer capitales y ampliar la producción nacional.
La administración también inició gestiones para fortalecer la integración energética con Brasil y Chile, especialmente en materia de interconexión eléctrica. Además, manifestó su interés en avanzar en acuerdos con Paraguay y Perú. El Gobierno sostiene que permitirá inversiones privadas bajo condiciones de transparencia, sin transferir la propiedad estatal de los activos estratégicos.
En el plano administrativo, el Ministerio de Hidrocarburos informó que redujo en 20% el monto de su planilla salarial y en 10% sus gastos corrientes. También modificó la escala salarial como parte de una política de austeridad y disciplina fiscal.
Proyectos energéticos y metas para 2027
Para el próximo año, el Gobierno estableció como prioridad garantizar el suministro continuo de combustibles en los nueve departamentos y avanzar en la diversificación de la matriz energética, principalmente en el transporte público.
Hasta noviembre de 2026, el programa de renovación vehicular PATRIA reportó la conversión de 1.825 vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV). La iniciativa plantea alcanzar 15.000 conversiones mediante la instalación de equipos de tercera y quinta generación en talleres de todo el país. El Decreto Supremo 5726 respalda este programa, que busca reducir el consumo de combustibles líquidos en el transporte.
En el norte amazónico, el Ejecutivo destacó la aprobación de un financiamiento de 204,2 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa de Inversiones para la Transición Energética del Norte Amazónico Boliviano. El proyecto contempla la interconexión de los sistemas eléctricos aislados de Cobija, Guayaramerín y Riberalta con redes de los estados brasileños de Acre y Rondônia.
La iniciativa prevé beneficiar a unos 209.000 habitantes de Beni y Pando, además de incorporar plantas solares fotovoltaicas y sistemas de almacenamiento para comunidades alejadas. Según las proyecciones oficiales, el programa permitiría ahorrar más de 52 millones de dólares anuales que actualmente el Estado destina a importar diésel para generar electricidad. También estima una reducción de 150.000 toneladas de dióxido de carbono por año.
La agenda energética de 2027 incluye, además, la conclusión de los proyectos hidroeléctricos Ivirizu, con una capacidad de 290 megavatios, y Miguillas, con 208 megavatios. En generación eólica, el Gobierno prevé impulsar Warnes II, que aportaría 45 megavatios, mientras que en energía solar proyecta incorporar alrededor de 300 megavatios mediante subastas y otros 100 megavatios de generación distribuida.
El plan también contempla fortalecer la conexión eléctrica con países vecinos y continuar la reestructuración de YPFB y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Estas iniciativas forman parte de los objetivos anunciados por el Ejecutivo, aunque su ejecución dependerá de la disponibilidad de financiamiento, el avance de los proyectos y la capacidad de las empresas estatales para cumplir los plazos previstos.
