Éxito Noticias, 12 de noviembre 2026.- El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que solicitó, mediante los canales diplomáticos correspondientes, información oficial a México para confirmar si concedió asilo político al exvicepresidente Álvaro García Linera. La Cancillería busca conocer si existe una decisión formal sobre este asunto y, de ser así, establecer su naturaleza jurídica y los alcances de esa medida, ante las versiones difundidas sobre una posible protección al exmandatario.
A través de un comunicado, el Gobierno boliviano señaló que reconoce y respeta las decisiones soberanas de otros Estados en materia de protección internacional, conforme a las normas del derecho internacional. Sin embargo, aclaró que una eventual concesión de asilo político no significa que se suspendan automáticamente las investigaciones fiscales ni los procesos judiciales iniciados en Bolivia contra una persona.
En ese sentido, la Cancillería sostuvo que las autoridades nacionales mantienen sus atribuciones para continuar con las actuaciones que correspondan, siempre en el marco de la Constitución Política del Estado, la legislación vigente y las garantías del debido proceso. De esta manera, remarcó que una decisión de México sobre el asilo no impediría, por sí sola, que la justicia boliviana siga adelante con sus investigaciones.
El comunicado también recordó que Bolivia y México tienen vigente desde 2010 un Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal, que establece mecanismos para que ambos países colaboren en determinadas actuaciones judiciales y fiscales. En ese marco, el Ministerio de Relaciones Exteriores actúa como Autoridad Central, conforme a la Ley 465, y tiene la responsabilidad de canalizar las solicitudes de cooperación internacional que presenten las autoridades competentes.
Finalmente, la Cancillería aseguró que continuará facilitando los mecanismos de cooperación jurídica que correspondan, respetando tanto la soberanía de los Estados como la independencia de la justicia. El Gobierno sostuvo que el respeto a una eventual decisión mexicana sobre protección internacional es compatible con el desarrollo de las investigaciones y procesos judiciales en territorio boliviano.
