Éxito Noticias, 22 de octubre 2026.– “Octubre sí va a ser un octubre negro, pero para el narcoterrorismo en nuestro país”, advirtió el vocero presidencial, José Luis Gálvez, al cerrar su conferencia de prensa sobre las nuevas restricciones de visas anunciadas por Estados Unidos contra ciudadanos bolivianos. La autoridad aseguró que el Gobierno continuará trabajando para combatir las estructuras criminales y evitar que vuelvan a sentirse protegidas por el poder. “No hay impunidad absolutamente para nadie”, enfatizó.
Las declaraciones se produjeron después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara restricciones de visas contra 40 personas en Bolivia, de las cuales 15 fueron identificadas públicamente, entre ellas diputados, un exfiscal general, fiscales, jueces y exautoridades policiales. Consultado sobre las acciones contra los funcionarios policiales mencionados en las listas, Gálvez señaló que el Ejecutivo coordina con gobiernos aliados y espera información complementaria, mientras continúan las investigaciones en el país. “Todos los casos están siendo investigados y estamos a la espera de complementación de información al respecto”, afirmó.
El vocero también se refirió a las consultas sobre el exfiscal general Juan Lanchipa y su posible relación con Roger Mariaca. Aunque evitó brindar detalles que pudieran entorpecer las pesquisas, sostuvo que cualquier indicio debe ser investigado y que las personas involucradas tendrán que responder ante la justicia si existen elementos suficientes. “Y si hay indicios, se investiga. Si hay pruebas, se acusa. Y si la justicia, como todos estamos esperando, actúe conforme a ley, se sanciona. Esperemos los resultados de la investigación”, manifestó.
Respecto a los exfuncionarios de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), del Servicio General de Identificación Personal (Segip) y de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) incluidos en la lista, Gálvez indicó que deberán defenderse ante la justicia como cualquier ciudadano. Asimismo, remarcó que las restricciones anunciadas por Washington no representan una condena y que las actuaciones nacionales deben respetar el debido proceso. “No hay cargo que proteja, no hay influencia que proteja”, sostuvo, al asegurar que el Gobierno no permitirá privilegios por la función que una persona haya desempeñado.
Finalmente, Gálvez afirmó que la principal preocupación debe ser la posible penetración de organizaciones criminales en instituciones estatales encargadas de proteger a la población, más allá de la suspensión de visas. También señaló que Bolivia mantendrá la cooperación internacional contra el crimen organizado, pero que las investigaciones y sanciones dentro del país deben desarrollarse conforme a las leyes bolivianas. “El hecho de que haya una lista no significa una condena”, reiteró, al insistir en que el Ejecutivo esperará los resultados de las investigaciones y respetará los procedimientos legales.
