Éxito Noticias, 27 de agosto 2026.- El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, reconoció este jueves que el Decreto Supremo 5676, que establece un precio de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores, forma parte de los compromisos asumidos por Bolivia con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La declaración se produjo durante una reunión entre el Gobierno y representantes de los municipios del país, en medio de las presiones para dejar sin efecto la norma.
Aramayo explicó que el financiamiento que Bolivia busca concretar con el organismo internacional está sujeto a una serie de medidas económicas que, según afirmó, han sido decisiones complejas y poco populares. “El decreto 5676 (…) es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del FMI en tanto liberación de precios de los hidrocarburos”, señaló la autoridad al referirse a la eliminación de la subvención para los grandes consumidores.
El ministro defendió la medida al argumentar que el actual esquema de subvención representa una carga insostenible para las cuentas públicas. Sostuvo además que este mecanismo habría estado acompañado por elevados niveles de corrupción y que terminó afectando las finanzas del Tesoro General del Estado. En ese sentido, insistió en que el Gobierno debe adoptar decisiones para enfrentar la situación de “asfixia fiscal” que atraviesa el país.
Las declaraciones de Aramayo se dieron después de que la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) solicitara al presidente Rodrigo Paz la abrogación del Decreto 5676. Su presidente, Johnny Torres, planteó el pedido en representación de los alcaldes, quienes cuestionan el impacto que tiene el precio de Bs 18 sobre las finanzas municipales y los costos de funcionamiento de las administraciones locales.
El ministro también aclaró que los $us 1.900 millones comprometidos con el FMI no constituyen una bolsa de dinero que el Gobierno pueda distribuir directamente, sino que forman parte de un programa monetario y fiscal destinado a habilitar otras fuentes de financiamiento. Mientras tanto, el rechazo al decreto continúa creciendo entre municipios y sectores productivos, que advierten sobre un aumento de los costos de producción y han anunciado nuevas medidas si el Ejecutivo no acepta abrogar la norma.
